El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, calificó como “un acto de mala fe y de mala intención” las insinuaciones de que el gobierno intervino en la administración de la reválida médica celebrada la semana pasada, en la que participó José Yovín Vargas, esposo de la gobernadora Jenniffer González.
“Claramente, esto es responsabilidad del proveedor privado y no de los aspirantes, de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica ni del Departamento de Salud. Tratar de insinuar que se hizo para favorecer a alguien es un acto de mala fe”, expresó Ramos durante una conferencia de prensa.
Según trascendió, el examen que otorga la licencia médica presentó múltiples errores, con repeticiones e incongruencias, lo que obligó a los estudiantes a contestar fuera de la hoja oficial y se les informó que las pruebas serían corregidas a mano.
Ante la situación, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, advirtió sobre las implicaciones del incidente. Ramos aclaró que ni la Junta ni Salud tienen acceso al contenido de la prueba, y que su función es únicamente administrativa. “Quien tiene la responsabilidad de hacer, corregir y dar los resultados del examen es el proveedor privado”, subrayó. Añadió que la Junta no puede revisar el examen, por lo que no podía saber que existían fallas.
El titular explicó que, desde hace siete años, la Universidad Central del Caribe (UCC) es la encargada de administrar la prueba. Sin embargo, el Departamento de Salud mantiene abierta una solicitud de propuesta (RFP) sin haber recibido interés de otros suplidores. Ante esto, se solicitó directamente propuestas al National Board of Osteopathic Medical Examiners (NBOME) y al National Board of Medical Examiners.
“Lo importante es garantizar que el examen sea correcto, no importa lo que cueste. Estamos en ruta a cambiar el proveedor porque no podemos seguir pasando estos papelones”, recalcó Ramos.
Por su parte, la UCC indicó —según reportó WAPA TV— que el incidente se debió a un problema de impresión que fue corregido de inmediato y que solo afectó a los candidatos de la tarde que solicitaron la versión en español. Ramos añadió que, en el pasado, también se habían reportado fallas con el proveedor durante el gobierno de Pedro Pierluisi, aunque en la etapa de corrección del examen.
El secretario concluyó que la UCC debe corregir la prueba, emitir los resultados y entregarlos a la Junta de Licenciamiento, que luego evalúa los parámetros técnicos sin tener acceso directo al contenido. “Se les pidió un informe detallado de lo ocurrido”, puntualizó.
