El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, instó a los sectores que se oponen a la nueva ley que reconoce al nasciturus —el concebido no nacido— como una “persona natural”, a recurrir a los tribunales “lo más rápido que puedan” si entienden que la medida es inconstitucional. El legislador reiteró su respaldo a la ley y aseguró que cumple con la Constitución y las leyes vigentes.
“Esos grupos se han quejado siempre, y les respetamos su derecho a hacer los planteamientos que tengan. Pero los invito, de nuevo, a que vayan cuanto antes al tribunal. Mientras más rápido vayan, mejor”, expresó Rivera Schatz durante un encuentro con la prensa en su oficina legislativa.
La gobernadora Jenniffer González firmó el sábado la Ley 183-2025, antes conocida como el Proyecto del Senado 504, que reconoce al concebido no nacido como “persona natural”. La medida generó una ola de críticas de organizaciones civiles, juristas y más de 300 médicos, quienes advirtieron que el estatuto representa un “ataque directo” contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
En una carta abierta, los profesionales de la salud expresaron preocupación porque la ley podría interferir con decisiones médicas urgentes. Señalaron que terceros —exparejas, excónyuges o personas sin vínculo directo— podrían intentar representar jurídicamente a un embrión y frenar tratamientos en emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias severas o complicaciones placentarias.
Rivera Schatz respondió que los opositores “tienen derecho a llevar sus causas de acción a los tribunales y ver qué ocurre”. Añadió que, si consideran tener la razón en derecho, deben hacerlo “lo más rápido que puedan”. Afirmó que la medida no viola disposición constitucional alguna y que sus críticos simplemente sostienen otro punto de vista.
Cuestionado sobre si la ley contradice el derecho al aborto, sostuvo que no. “Aquí los que usaban Roe vs. Wade como la piedra angular para defender el aborto decían que esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos era lo máximo. Pero cuando ese mismo tribunal la revocó, ahora no quieren creer en eso”, indicó.
En 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el reconocimiento del derecho constitucional al aborto, decisión que, según algunos juristas, también dejó sin efecto el caso Pueblo vs. Duarte Mendoza, que desde 1980 reconocía el aborto en Puerto Rico. Otros especialistas, sin embargo, sostienen que esa decisión local sigue vigente.
“Cada cual puede tener el pensamiento que quiera, pero nosotros prometimos que íbamos a hacer lo que estamos haciendo, y le estamos cumpliendo al pueblo de Puerto Rico”, afirmó Rivera Schatz.
La Ley 183 tiene como coautores a los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, así como a la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve.
