Un juez federal rechazó una solicitud para emitir una orden preliminar que buscaba el cierre inmediato de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”. El juez argumentó que el solicitante no demostró que estuviera sufriendo un daño irreparable dentro de las instalaciones.
El juez federal Kyle Dudek explicó que el detenido identificado en documentos judiciales como M.A. no cumplió con los requisitos para obtener la orden mientras continúa el litigio sobre la legalidad del centro en el tribunal federal de Fort Myers. “Si bien puede haber deficiencias en Alcatraz de los Caimanes que finalmente justifiquen su disolución, el demandante no ha hecho la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de esta magnitud”, señaló Dudek, quien fue nominado al cargo por el presidente Donald Trump.
La demanda de M.A. es una de tres acciones federales que cuestionan las prácticas del centro, construido por la administración del gobernador Ron DeSantis a mediados de este año en un antiguo aeródromo de los Everglades. Según el recurso, la inmigración es un asunto exclusivamente federal y ni las agencias estatales de Florida ni sus contratistas privados tienen autoridad para operar la instalación. Además, se alega que los detenidos desaparecen del sistema oficial de seguimiento y enfrentan obstáculos para acceder a asesoría legal.
En su solicitud, M.A. afirmó que “el estatuto requiere control federal sobre todas las actividades de aplicación delegadas. Sin embargo, Florida afirma que tiene control total sobre las decisiones de detención”. Dudek, al rechazar la petición, indicó que debía actuar con cautela ya que “el demandante básicamente pide a este tribunal que cierre una instalación de tamaño y costo considerable antes de una decisión sobre su legalidad”.
En un caso separado, un juez federal en Miami había ordenado reducir las operaciones del centro por dos meses debido a la falta de una evaluación de impacto ambiental, pero un panel de apelaciones suspendió temporalmente esa orden y el centro siguió operando.
La tercera denuncia pendiente busca garantizar que los detenidos puedan comunicarse de forma confidencial con sus abogados. Los demandantes afirman que deben solicitar citas con tres días de antelación, que los detenidos son trasladados sin previo aviso y que los retrasos impiden cumplir con plazos legales. Un juez ordenó a los abogados de ambas partes negociar una solución, pero tras nueve horas de conversaciones no se logró ningún acuerdo.
