En cumplimiento con un plazo judicial de 48 horas, la Policía entregó al Tribunal de Carolina la opinión legal que justifica la continuidad de las escoltas asignadas a la exgobernadora Wanda Vázquez, pero solicitó que el documento no se haga público al amparo del “privilegio abogado-cliente”.
En una moción de tres páginas, el Estado, representando a la Policía, informó que depositó un sobre sellado con el informe en la Secretaría del Tribunal para la evaluación exclusiva de la jueza Gloria María De Jesús Machargo. El documento se presentó como parte del pleito iniciado por el representante Ramón Torres Cruz, quien reclama acceso a la información.
El Estado argumentó que el informe es una comunicación confidencial protegida por el privilegio abogado-cliente, el privilegio sobre producto de trabajo de abogado y el de información oficial utilizada en procesos deliberativos de política pública. Añadió que la opinión fue producto del asesoramiento legal otorgado por los abogados de la Policía al superintendente Joseph González.
“La Policía de Puerto Rico no renuncia a los privilegios antes mencionados y sostiene que no procede la divulgación del informe, ya que no constituye información pública y está protegido por la ley”, indica la moción. El gobierno pidió al Tribunal validar esta postura, afirmando que la opinión solo fue redactada para orientar sobre la asignación de agentes a la seguridad de la exgobernadora.
En cuanto a los gastos relacionados, el Estado informó que entregó al representante un informe de mantenimiento de flota con los vehículos de exgobernadores para 2024 y 2025. En dicho documento se aclara que no existen gastos de peaje, debido a que la Policía utiliza una cuenta “Non-revenue”, que no genera cargos por paso. También se recordó que ya se había entregado información sobre consumo de combustible de los vehículos de escolta.
La moción fue firmada por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres; la secretaria Auxiliar de lo Civil, Tania L. Fernández Medero; el subsecretario Auxiliar de lo Civil, Samuel Wiscovitch Corali; y Lorna M. Rivera Franco y Sanery del Mar Santos Sánchez, de esa agencia.
La controversia por las escoltas de Wanda Vázquez surgió tras declararse culpable en el Tribunal federal por un delito menos grave vinculado a violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). En una conferencia de prensa previa, el superintendente de la Policía explicó que no podía retirarle las escoltas porque la legislación actual no contempla dicha pérdida de derechos por convicciones en foros federales o estatales. Citó una decisión del Tribunal Supremo que reconoce las escoltas como derechos adquiridos de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló. “La única manera de retirarlo sería mediante una ley expresa y prospectiva”, añadió González, exjefe de la oficina del FBI en San Juan.
