La gobernadora Jenniffer González aseguró este miércoles que su administración “dará la pelea hasta el final” contra LUMA Energy, luego de que la empresa trasladara al Tribunal Federal la segunda demanda incoada por la mandataria para anular el contrato con el gobierno de Puerto Rico.
“Sabíamos que iban a volver a radicar una moción para llevarse el pleito a nivel federal para no atenderlo. La gran diferencia con este caso es que, al ser el gobierno de Puerto Rico, no hay un issue de ciudadanía, así que eso se resolverá en el tribunal. Estamos preparados y la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, por conducto del procurador general, Omar Andino Figueroa, radicará otro recurso para atender esto”, explicó González tras una conferencia de prensa en el Centro Médico.
Añadió que el gobierno ha estudiado sus pasos y que el equipo legal, tanto en el ámbito estatal como federal, está preparado para lo que venga. “Estamos listos para lo próximo que van a estar haciendo”, dijo sin adelantar detalles.
LUMA Energy presentó el miércoles ante el Tribunal Federal —donde se dilucida la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)— la demanda estatal que González había presentado el martes para anular el contrato que otorga al consorcio la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica. La empresa fundamentó su movida en la sección 306 de la ley Promesa, que otorga al tribunal especial jurisdicción exclusiva sobre los bienes del deudor.
“Sabemos cuáles son las estrategias legales, y el procurador general y la secretaria de Justicia estarán hablando del nuevo recurso que se trabajará”, afirmó la gobernadora. Aseguró además que el gobierno cumplirá su meta de cancelar el contrato con LUMA, al que calificó de nulo: “Esta compañía quiere seguir guisando”, comentó.
La semana pasada, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE radicaron una demanda contra LUMA Energy, alegando que la extensión del contrato firmada en 2022 es inválida porque no contó con el aval de los representantes del interés público en la junta de la AAPP. El gobierno pidió además que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendiera el caso, pero LUMA trasladó ese pleito al Tribunal Federal, lo que paralizó el proceso estatal.
El martes, González presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de San Juan, solicitando nuevamente la intervención del Supremo. En esta ocasión, ella figura como demandante, junto con la AAPP y la AEE como partes interesadas.
“Ese pleito como gobernadora invoca el poder que tiene el Estado para proteger a su ciudadanía, como un padre protege a un hijo”, subrayó González.
