LUMA Energy trasladó este miércoles al Tribunal Federal la demanda estatal que la gobernadora Jenniffer González presentó el martes en busca de anular el contrato de la compañía para la operación del sistema eléctrico. La acción replica la estrategia que el consorcio tomó dos días antes, cuando hizo lo mismo con una demanda presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En la notificación de traslado al despacho de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de reestructuración de la AEE, LUMA describió la demanda de la mandataria como “casi una copia al carbón” de la presentada por las corporaciones públicas. Según la moción, ambas acciones buscan el mismo remedio y parten de los mismos fundamentos legales.
“La acción de la gobernadora busca exactamente el mismo remedio que se procura en la acción de la AEE, sustentada en exactamente los mismos fundamentos”, expuso LUMA en su escrito, que ya fue notificado al Tribunal de San Juan. La empresa sostuvo que ambos casos son trasladables al foro federal conforme a la sección 306 de la ley Promesa, que otorga jurisdicción exclusiva al tribunal especial encargado de los procesos de bancarrota de las instrumentalidades públicas.
LUMA argumentó que la demanda de González pretende ejercer control sobre la propiedad del deudor, en este caso la AEE, y advirtió que anular su contrato podría “echar por la borda” el proceso de reestructuración de la corporación pública.
La empresa añadió que, al momento de realizar el traslado, no había sido formalmente emplazada con la segunda demanda ante el foro estatal. Aseguró que se enteró del recurso a través de los medios de comunicación y luego un abogado externo recibió copia del documento por correo electrónico, relacionada al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Junto a la demanda radicada el martes, González solicitó al alto foro emitir una certificación intrajurisdiccional que permitiera atender directamente el caso sin pasar por foros inferiores.
