El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de desregulación económica al presentar una reforma a la ley de protección de glaciares, con la que busca atraer inversiones millonarias para el desarrollo minero en Argentina. Según el proyecto, el objetivo es “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
La ley actual, aprobada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera en glaciares y zonas periglaciares —áreas con suelos congelados que actúan como reguladores de los recursos hídricos. El proyecto de Milei, que será debatido en sesiones extraordinarias del Congreso, limita esa protección únicamente a los glaciares y geoformas que cumplan “funciones hídricas”, una definición que quedaría en manos de cada provincia.
De acuerdo con el texto propuesto, todo glaciar o geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares se mantendrá protegida hasta que la autoridad ambiental verifique que no cumple funciones hídricas. Este cambio, según estimaciones del sector minero, podría facilitar inversiones por más de 30,000 millones de dólares en la próxima década, especialmente en proyectos de cobre, oro y plata.
El Gobierno considera que la expansión minera podría generar los ingresos necesarios para fortalecer las reservas internacionales del país y afrontar el pago de su deuda externa, que en 2026 contempla vencimientos por 20,000 millones de dólares.
No obstante, organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo. Greenpeace advirtió que “los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen directamente a siete millones de personas e indirectamente a actividades económicas regionales”. La organización alertó que flexibilizar la ley “implicaría una condena al agua de los argentinos”.
