La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su discurso sobre el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP), asegurando que el principal programa federal de ayuda alimentaria está plagado de fraude y requiere medidas urgentes. Jennifer Tiller, asesora principal de la secretaria de Agricultura Brooke Rollins, declaró que los actos fraudulentos provienen tanto de individuos como de redes delictivas transnacionales.
Aunque algunos expertos reconocen que el fraude existe, sostienen que los datos disponibles son escasos y que no hay evidencia pública que permita dimensionar su magnitud. “Si gastas 100,000 millones de dólares en algo, vas a tener alguna fuga”, explicó Christopher Bosso, profesor de política pública en la Northeastern University.
Cada año, el SNAP distribuye unos 94,000 millones de dólares en beneficios para más de 42 millones de personas, equivalentes a una de cada ocho estadounidenses. En su esfuerzo por reforzar los controles, la administración Trump exigió a los estados entregar información detallada de los beneficiarios —como números de Seguro Social, fechas de nacimiento y estatus migratorio—, lo que provocó la oposición de estados demócratas, que alegan violaciones a la privacidad.
El Departamento de Agricultura (USDA) aseguró que, tras revisar ciertos registros, detectó unos 186,000 beneficiarios fallecidos y 500,000 personas que recibían ayuda en más de una jurisdicción. Sin embargo, el USDA no ha hecho públicos reportes detallados ni ha desglosado los datos por tipo de irregularidad. En una carta enviada a los estados renuentes, estimó que el costo combinado de fraude y errores podría alcanzar 9,000 millones de dólares anuales. Los estados demócratas respondieron que el cálculo carece de transparencia.
Las autoridades federales identifican distintos esquemas de fraude, desde el robo de información de tarjetas EBT mediante dispositivos “skimmer” hasta sobornos de empleados del USDA. Casos recientes incluyen un ciudadano rumano que sustrajo más de 36,000 números de tarjetas en California y un funcionario que aceptó sobornos para instalar lectores ilegales en charcuterías de Nueva York, por donde circularon más de 30 millones de dólares. También en Ohio se han procesado fraudes vinculados a la reventa de productos adquiridos con los beneficios del programa.
Mark Haskins, exinvestigador del USDA, y el ejecutivo Haywood Talcove, de LexisNexis Risk Solutions Government, sostienen que el costo real del fraude supera los cálculos oficiales. “El sistema está corrupto. Necesita una revisión completa”, opinó Haskins.
En contraste, los defensores del programa citan el último informe del USDA, publicado en 2021, que cubre el periodo 2015‑2017 y calcula que solo el 1.6% de las prestaciones fueron robadas. Entre 2022 y 2024, el gobierno repuso beneficios por un total de 323 millones de dólares, lo que equivale a unos 24 centavos por cada 100 dólares distribuidos.
La economista Patricia Anderson, del Dartmouth College, considera que el volumen de beneficios difícilmente justifica una operación criminal de gran escala. “Se necesitaría una red muy organizada para que el fraude resultara rentable”, señaló. Participantes del programa, como Jamal Brown, residente en Camden, Nueva Jersey, relataron experiencias directas de robo de tarjetas, pero también señalaron fallas burocráticas en el acceso y recertificación de los beneficios.
Para los investigadores, el fraude existe, pero la narrativa oficial de un sistema fuera de control genera más dudas que certezas sobre la magnitud del problema y la eficacia de las medidas propuestas.
