La disputa legal entre Mireddys González Castellanos y su exesposo, Ramón Ayala Rodríguez —mejor conocido como Daddy Yankee—, sumó un nuevo capítulo con la radicación de una demanda federal en el Tribunal de San Juan.
En el documento, González reclama que Ayala le devuelva $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su permiso. La querella, presentada por la abogada María Pabón López, sostiene que en diciembre de 2024 las empresas El Cartel Records y Los Cangris aprobaron dividendos por $100 millones, a dividirse en partes iguales entre ambos accionistas. De acuerdo con las resoluciones corporativas, $50 millones debían ser depositados en la cuenta personal de González en Oriental Bank y otros $50 millones en la cuenta de Ayala en la misma institución.
Sin embargo, asegura que menos de 24 horas después de haber recibido la transferencia, los fondos fueron revertidos y eliminados. La demanda alega que la acción fue el resultado de un “plan coordinado” entre Ayala y FirstBank para privarla de los dividendos a los que tenía derecho.
Tanto FirstBank Puerto Rico como Oriental Bank figuran entre los codemandados. El documento argumenta que ambas instituciones, a través de sus departamentos legales, empleados y agentes, “se apropiaron indebidamente” de los fondos al revertir la transferencia sin orden judicial ni justificación legal.
La demandante sostiene además que existe evidencia de que Ayala intervino directamente para lograr la reversión de los fondos, y cita documentos y declaraciones públicas del propio artista y su abogado como admisiones de esa intervención.
Según la queja, un representante de FirstBank explicó que, dado el litigio entre ambos propietarios, las cuentas corporativas se tratarían como “solo crédito” hasta que un tribunal emitiera una resolución. No obstante, González afirma que el banco no pudo mostrar ninguna orden judicial que justificara la reversión.
La demanda solicita la restitución inmediata de los $50 millones, el pago de daños compensatorios y estatutarios, interdictos que eviten nuevas interferencias y una declaración judicial que establezca que la reversión fue ilegal y no autorizada. También pide la responsabilidad solidaria de los bancos y sus aseguradoras.
Este nuevo pleito surge mientras ambos mantienen otras controversias judiciales relacionadas con las empresas que manejaban juntos durante su matrimonio, el cual culminó en divorcio a finales de 2024 tras casi tres décadas de relación.
