El zar de Energía, Josué Colón, reiteró este domingo que ni el servicio eléctrico ni los clientes de LUMA Energy se verán afectados por la demanda que el gobierno presentó para cancelar el contrato con el consorcio encargado de la transmisión y distribución eléctrica. También afirmó que los proyectos de reconstrucción seguirán adelante sin interrupciones.
Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, Colón explicó que en la petición al tribunal se solicita que, de declararse nulo el contrato, se autorice un marco legal claro y detallado para manejar la transición. “Pedimos que se establezca un periodo y un marco legal cierto de cómo se va a llevar a cabo la transición”, señaló.
La demanda, presentada el jueves por el gobierno de Jenniffer González, plantea que la carta firmada el 30 de noviembre de 2022 por funcionarios de la administración de Pedro Pierluisi y ejecutivos de LUMA, mediante la cual se extendió indefinidamente el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del sistema eléctrico, es inválida. Dicha extensión se mantuvo mientras se resolvía el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún pendiente.
Colón recordó que en la primera transición, cuando LUMA reemplazó a la AEE, los proyectos continuaron sin detenerse. “La transición en cuanto a proyectos que estén en curso, en cuanto a los proyectos de reconstrucción, va a continuar. No estamos satisfechos con LUMA, pero eso no significa que se van a detener. La transición será igual, sin interrupciones”, sostuvo el funcionario, quien también dirige la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), entidad que presentó la demanda junto a la AEE.
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, acompañó a Colón en la conferencia de prensa y enfatizó que llevan meses en conversaciones con compañías estadounidenses con experiencia en el manejo de redes eléctricas que podrían sustituir a LUMA. “El zar y este servidor llevamos meses hablando con compañías. ¿Cuál es el primer paso? Hablar, ver si hay interés”, indicó Domenech, sin revelar los nombres de las empresas.
Ninguno de los funcionarios ofreció estimados sobre el costo que implicaría la transición a un nuevo operador del sistema.
