Corozal – La gobernadora Jenniffer González defendió este viernes la estrategia legal impulsada por su administración para cancelar el contrato de LUMA Energy, consorcio encargado de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país. Afirmó que, por ahora, esa es la vía más rápida para concretar la cancelación del acuerdo.
“Confío plenamente en que vamos a prevalecer. Tenemos toda la evidencia de los incumplimientos de contrato y estamos utilizando la ruta más expedita”, sostuvo González durante una conferencia de prensa en Corozal, donde también presentó un proyecto de obras para atender deslizamientos.
El jueves, la mandataria anunció en un mensaje televisivo una demanda presentada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra LUMA, al argumentar que es nula la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022, mediante la cual se pretendía prolongar el contrato original contenido en el llamado “Supplemental Agreement”.
“Tenemos un caso sólido”, afirmó González, al destacar que también acudieron al Tribunal Supremo con el mismo planteamiento.
Mientras tanto, el juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, denegó la solicitud de entredicho provisional sometida por el gobierno para requerir a LUMA la entrega de documentos relacionados con la transición de la operación del sistema eléctrico dentro del proceso de cancelación del contrato.
González indicó que ya se han evaluado dos compañías para sustituir al consorcio, y subrayó que el nuevo operador debe tener experiencia en la administración de fondos federales. “Por eso, preferimos que sea una empresa estadounidense”, dijo.
Consultada sobre si el reciente fallo del Tribunal Supremo a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en su demanda contra LUMA influyó en su decisión, respondió que “no tiene nada que ver”.
Ese dictamen del Supremo estableció que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tiene facultad legal para otorgar inmunidad ni limitar la responsabilidad civil de LUMA ante reclamaciones de consumidores, por lo que declaró nula dicha disposición contractual.
“Hemos tenido que agotar muchos recursos. Abrimos procesos de negociación con LUMA, y se han enviado múltiples cartas detallando cada violación. Hemos trabajado con el Departamento de Energía Federal, FEMA, las agencias estatales, y se han analizado los desembolsos, las investigaciones fiscales y los aumentos de presupuesto. Esto es un proceso mucho más complicado y técnico”, puntualizó la gobernadora.
