La administración del presidente Donald Trump advirtió que podría retirar los fondos federales destinados al transporte público en Chicago, a menos que la ciudad fortalezca sus medidas de seguridad luego de un ataque ocurrido en noviembre. El administrador de la Autoridad Federal de Tránsito, Marc Molinaro, envió una carta al alcalde Brandon Johnson y al gobernador JB Pritzker reclamando a la Autoridad de Tránsito de Chicago un plan de seguridad actualizado antes del 19 de diciembre.
El reclamo surge tras un violento incidente en el tren de la línea azul L el pasado 17 de noviembre. Según documentos judiciales, un pasajero, Lawrence Reed, roció con gasolina a su pareja Bethany MaGee mientras ella estaba sentada de espaldas y le prendió fuego. Reed huyó del lugar y fue arrestado al día siguiente. La víctima, de 26 años, sufrió graves quemaduras pero sobrevivió. Reed, de 50 años, enfrenta cargos federales por un atentado terrorista, delito que conlleva una posible cadena perpetua.
De acuerdo con el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Reed tiene más de 60 causas penales desde 1993 por diferentes delitos, incluyendo agresiones y dos casos previos de incendio provocado. En el momento del ataque, estaba bajo vigilancia electrónica por un caso de agresión a una trabajadora social. La oficina del juez jefe del condado señaló que la ley estatal limita las opciones de los jueces para negar la libertad previa al juicio.
En su carta, Molinaro calificó como “inconcebible” la liberación de Reed y sostuvo que el ataque refleja “fallos sistémicos” en la rendición de cuentas de las autoridades. “No aceptaré la brutal agresión a una mujer inocente de 26 años como un coste inevitable del transporte público”, escribió el funcionario.
La Autoridad de Tránsito de Chicago informó que responderá dentro del plazo solicitado pero no ofreció más detalles. La agencia Associated Press también intentó obtener comentarios del alcalde y del gobernador sin éxito.
Chicago, junto con otras ciudades gobernadas por demócratas, ha sido objeto de constantes críticas por parte de Trump y su administración, que las describen como afectadas por la delincuencia, pese a la reducción reciente de los crímenes violentos tras el repunte registrado durante la pandemia.
En octubre, el gobierno federal ya había retenido unos $2,100 millones destinados a proyectos de infraestructura en Chicago, entre ellos la ampliación de la línea roja del tren. El plan buscaba mejorar el acceso en barrios de bajos ingresos. En ese momento, funcionarios de la Casa Blanca alegaron que revisarían los fondos para evitar que se distribuyeran bajo criterios raciales. Esa misma semana, la administración suspendió $18,000 millones adicionales para proyectos de infraestructura en Nueva York.
