La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha ordenado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que lleve a cabo un proceso competitivo para contratar a sus principales consultores, Ankura Consulting Group y O’Melveny & Myers. Esta decisión busca romper con la continuidad de contratos que se han mantenido sin subastas adicionales desde la pasada década. La JSF ha establecido que para el año 2027, los servicios de estas firmas deberán ser sometidos a un proceso de competencia abierta, lo que representa un cambio significativo en la forma en que la AEE gestiona sus relaciones con consultores externos.
La medida ha sido motivada por la necesidad de asegurar la transparencia y la eficiencia en la contratación de servicios, un aspecto crítico en el contexto de la recuperación y reestructuración del sistema eléctrico de Puerto Rico. La AEE ha enfrentado críticas por su falta de competitividad en la selección de consultores, lo que ha llevado a la JSF a intervenir en esta situación para garantizar mejores prácticas en la gestión pública.
Esta decisión de la Junta Fiscal se alinea con su mandato de supervisar y garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones del gobierno puertorriqueño. Según reportes, la JSF ha enfatizado la importancia de que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y se gestionen adecuadamente a través de procesos que promuevan la competencia y la transparencia.
Además, cabe destacar que en los últimos años, la AEE ha sido objeto de múltiples críticas y controversias, especialmente en relación con su contrato con LUMA Energy y otros acuerdos que han generado preocupación entre los ciudadanos y los legisladores. La posibilidad de que se lleven a cabo subastas para los servicios de consultoría podría cambiar el panorama actual, promoviendo una mayor rendición de cuentas y un uso más efectivo de los recursos disponibles.
La junta ha instado a la AEE a presentar un plan detallado sobre cómo se implementará este proceso competitivo, y espera ver avances significativos en este sentido antes de la fecha límite establecida. Sin duda, el cumplimiento de esta orden será un indicador clave de la disposición de la AEE para modernizar su enfoque y adaptarse a las necesidades actuales de la isla en términos de energía y desarrollo sostenible.
Fuentes: Metro Puerto Rico, El Vocero, aldia.microjuris.com
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