La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se ha declarado lista para el pleito contra LUMA Energy en el Tribunal Supremo, donde se cuestiona la validez del contrato de la empresa que opera el sistema de transmisión y distribución eléctrica en la isla. Este pleito surge tras la decisión del Tribunal de atender dos demandas presentadas por el gobierno que buscan anular el acuerdo con LUMA, una acción que ha sido calificada como una "nueva victoria judicial" por la gobernadora.
El Tribunal Supremo, en una decisión ajustada de 5-4, decidió consolidar los dos casos que buscan declarar nulo el acuerdo que se extendió en noviembre de 2022, tras la aprobación de un contrato suplementario de 18 meses que vencía el 30 de noviembre de 2022. Según González, "tenemos todos los argumentos, tenemos plan y tenemos posibles otras compañías que están dispuestas a hacer el trabajo". Esto señala la firme intención del gobierno de revisar los términos bajo los cuales LUMA Energy ha operado en Puerto Rico.
Detalles sobre el contrato de LUMA Energy
González ha expresado su preocupación sobre la legalidad del contrato, indicando que "no cumple con ninguna de las disposiciones de ley", lo que podría permitir que el gobierno otorgue contratos sin la debida supervisión del Contralor, lo que plantea serios problemas en términos de transparencia y legalidad. La gobernadora considera que este precedente podría abrir la puerta a prácticas cuestionables en la gestión de contratos públicos.
A medida que se acercan las audiencias, el Tribunal ha dispuesto que los demandantes tendrán un plazo de 30 días para presentar sus alegatos. La gobernadora ha afirmado su confianza en que se presentarán todos los argumentos relevantes, tanto del gobierno como de LUMA, para que el Tribunal tome una decisión informada. "Ahora se van a ver todos los argumentos, los nuestros y los de ellos, y yo espero que podamos dirimirlos", subrayó.
Mientras tanto, LUMA Energy ha advertido que el proceso judicial podría poner en riesgo la continuidad del servicio eléctrico en la isla. En un contexto donde la compañía ya enfrenta un gran descontento público, la gobernadora ha señalado que está dispuesta a acatar cualquier instrucción que emita el Tribunal, demostrando su compromiso a manejar la situación de forma ordenada.
El caso no solo tiene implicaciones legales, sino que también podría impactar la percepción pública sobre la eficiencia de LUMA como proveedor de energía en Puerto Rico. La gobernadora ha mencionado que, al final de su mandato, espera que "prendan la luz", lo que sugiere un deseo de cerrar este capítulo de incertidumbre en torno a la gestión eléctrica de la isla.
Fuentes: El Vocero, esnoticiapr.com, eyboricua.com
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