Washington — El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ha liderado a la mayoría conservadora en una estrategia sostenida para ampliar el poder del Ejecutivo, tendencia que comenzó mucho antes del mandato del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Este lunes, los jueces podrían dar un paso decisivo al evaluar si revocan un fallo unánime de hace 90 años, conocido como Humphrey’s Executor, que restringe la capacidad del presidente de destituir a los líderes de agencias federales independientes. La jueza liberal Elena Kagan advirtió recientemente que los magistrados conservadores parecen “ansiosos” por tomar esa dirección.
En los primeros meses de su segundo mandato, Trump ha despedido a numerosos funcionarios, desafiando la norma de 1935 que exige causa justificada para estas destituciones. Entre los afectados figura Rebecca Slaughter, excomisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC), mientras que otros funcionarios de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor también enfrentan remociones. Solo Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, de la Biblioteca del Congreso, conservan sus puestos.
El caso actual ante el Tribunal Supremo revive el precedente histórico de 1935, cuando los jueces —entonces durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt— limitaron la autoridad de despido del Ejecutivo. Aquella decisión dio origen a una era de agencias federales independientes, fundamentales para regular sectores como el trabajo, las telecomunicaciones y la protección del consumidor.
Sin embargo, defensores del llamado “ejecutivo unitario” sostienen que la Constitución otorga al presidente poder total sobre el Ejecutivo, incluyendo la facultad de despedir a sus funcionarios sin restricciones. El juez Antonin Scalia dejó plasmada esa visión en su célebre disenso de 1988: “Esto no significa parte del poder ejecutivo, sino todo el poder ejecutivo”.
Desde 2010, la Corte ha ido eliminando gradualmente límites al poder presidencial. En 2020, Roberts reafirmó que “el poder de destitución del presidente es la regla, no la excepción”, al autorizar el despido del jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. En 2024, esa argumentación se extendió a la decisión que eximió a Trump de ser procesado por intentar revertir los resultados electorales de 2020.
Aun así, algunos historiadores legales han cuestionado la interpretación de Roberts sobre la historia constitucional. El profesor Caleb Nelson, de la Universidad de Virginia y exasistente del juez Clarence Thomas, escribió que “el texto y la historia del Artículo II son mucho más equívocos de lo que la Corte actual ha sugerido”. Jane Manners, profesora de la Universidad de Fordham, confirmó que ella y otros académicos presentaron informes para ofrecer contexto histórico sobre el poder de destitución.
Los abogados de Slaughter defienden que los límites impuestos a Trump son coherentes con la Constitución. Por su parte, el Departamento de Justicia argumenta que el presidente puede despedir a cualquier miembro de una junta a discreción y que el precedente de Humphrey’s Executor debería ser anulado. “Ese fallo siempre estuvo flagrantemente equivocado”, afirmó el Procurador General D. John Sauer.
El caso también podría influir en la situación de Lisa Cook. La Corte deberá determinar si los jueces tienen la autoridad para ordenar la reincorporación de funcionarios despedidos ilegalmente o solo compensarlos económicamente. El juez Neil Gorsuch ya ha señalado que probablemente solo sea posible un pago retroactivo. La audiencia sobre la continuidad de Cook se celebrará en enero, en medio de crecientes temores por el impacto económico de una purga presidencial en la Reserva Federal.
