Durante una vista convocada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), surgió este viernes un aparente consenso sobre la necesidad de establecer una cláusula en la factura eléctrica que permita financiar las cuentas de emergencia de LUMA Energy y Genera PR, las cuales permanecen sin fondos desde hace más de un año.
Los principales oficiales financieros de ambas compañías y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) coincidieron en que actualmente no existe un mecanismo que garantice el balance de 30 millones de dólares que requieren sus respectivos contratos. “Ciertamente, ellos (AEE) no tienen mecanismo ahora mismo para proveer el dinero”, indicó la jefa de Finanzas de Genera PR, María Sánchez Brás, al responder preguntas del oficial examinador del NEPR, Scott Hempling.
Sánchez Brás explicó que, ante la falta de fondos, Genera PR ha dependido de ayudas federales para cubrir los costos relacionados con emergencias. Agregó que deben existir cuentas operacionales y una forma estable de financiarlas.
Por su parte, Andrew Smith, oficial financiero de LUMA, detalló que, excluyendo eventos como el huracán Fiona (2022) y la tormenta Ernesto (2024), la empresa gasta un promedio de 50 millones de dólares anuales en apagones, cifra que excede los fondos requeridos en su contrato. De mantenerse ese nivel de gasto, los consumidores tendrían que aportar alrededor de 150 millones en tres años si se aprueba una cláusula tarifaria.
Smith advirtió que el reto principal es disponer de recursos inmediatos para responder ante desastres mayores. Consideró posible crear una cláusula o “rider” que se active cuando las cuentas de emergencia bajen de cierto umbral. Hempling, sin embargo, cuestionó si los abonados aceptarían ver nuevas líneas de cobro en sus facturas.
En julio, el NEPR aprobó de forma provisional una partida de 15 millones de dólares para atender emergencias, disponible para LUMA, Genera PR y la AEE bajo criterios establecidos por el regulador. No obstante, el contralor de la AEE, Juan Carlos Adrover, opinó que esa cuenta sería innecesaria si existiera un financiamiento permanente para las operaciones y mantenimiento (OMA).
Tanto Adrover como Sánchez Brás coincidieron en que cualquier nuevo mecanismo debe incluir mayor supervisión. Hempling advirtió que el proceso tarifario no busca ventilar disputas anteriores entre la AEE y LUMA. Adrover añadió que en el pasado se usaron más de 300 millones de dólares de los fondos de emergencia con poca rendición de cuentas, y abogó por más transparencia ante los consumidores.
Según cifras de LUMA, desde que asumió la operación del sistema en 2021, los gastos por emergencias superan los 300 millones de dólares, mientras que la AEE ha transferido menos de 90 millones a las cuentas de reserva, lo que deja un déficit superior a 200 millones que la empresa reclama se reponga. Hasta el lunes pasado, LUMA debía 229 millones a suplidores y contratistas, en parte por eventos de apagones.
“Lo importante aquí es que existe consenso en la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas”, concluyó Hempling al cierre de la sesión.
