Los 78 municipios de Puerto Rico se encuentran en una encrucijada financiera debido a nuevas directrices emitidas por el Negociado de Energía. Estas directrices requieren que los municipios segreguen las infraestructuras utilizadas para actividades lucrativas, lo que podría resultar en pagos retroactivos significativos por el consumo de electricidad en estas instalaciones. Según la resolución, los municipios deberán revisar sus propiedades para determinar cuáles llevan a cabo actividades sin fines de lucro y cuáles son de uso mixto, es decir, aquellas que combinan actividades lucrativas con sin fines de lucro.
Esta medida surge tras una decisión judicial en julio de 2025 que limitó la elegibilidad de los municipios para el beneficio de la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI), un acuerdo que ha sido vital para el financiamiento local. De acuerdo con el Negociado de Energía, la falta de cumplimiento con estas nuevas regulaciones podría llevar a la pérdida de este beneficio para muchos municipios, lo que agrava la presión financiera que ya enfrentan.
El Vocero reportó que, en este contexto, los municipios tienen un plazo limitado para adaptarse a las nuevas exigencias. La implementación de estas directrices no solo afecta la contabilidad municipal, sino que también podría tener implicaciones serias en los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. Cada municipio deberá actuar con rapidez para evitar las consecuencias de no cumplir con la normativa establecida.
Por su parte, NotiCel destaca que la revisión de las propiedades que no pagan luz debido al acuerdo CELI es un mandato específico tanto para los municipios como para LUMA, la empresa encargada de la distribución de energía. Esta revisión es esencial para garantizar que solo las propiedades que cumplen con el criterio sin fines de lucro se mantengan exentas de pagos.
Además, esta situación ha sido objeto de análisis en diferentes medios, donde se resalta la necesidad de que los municipios gestionen sus recursos de manera más efectiva. Caribbean Business menciona que esta acción del Negociado de Energía busca eliminar la larga historia de irregularidades en la aplicación del CELI, buscando una mayor transparencia y justicia fiscal en el uso de los recursos energéticos.
El impacto de estas decisiones podría ser amplio, ya que los municipios deberán ajustar sus presupuestos para acomodar los pagos retroactivos y, potencialmente, enfrentar recortes en otros servicios. La situación se torna más crítica a medida que se aproximan los plazos para cumplir con los requisitos establecidos por el Negociado. La comunidad espera con preocupación cómo estos cambios afectarán la calidad de vida y los servicios que brindan sus gobiernos locales.
Fuentes: El Vocero, foronoticioso.com, NotiCel
Mantente al día con más noticias en Radar Boricua.
