Con carteles que leían “Estoy vivo”, “No me mates” y “Soy sombra”, residentes y líderes comunitarios reiteraron su reclamo para detener el proyecto de canalización del río Piedras, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Las organizaciones advirtieron que la obra tendría graves consecuencias ambientales y sociales, incluyendo la remoción de miles de árboles y el desplazamiento de familias.
“Estamos aquí porque seguimos luchando a pesar de toda la inacción”, afirmó la licenciada Graciela Belaval, de University Gardens, portavoz de Comunidades Protectoras del Río Piedras, agrupación que reúne a entidades vecinales afectadas desde Puerto Nuevo hasta Cupey. En esa área, el gobierno ya ha adquirido al menos 19 residencias.
Durante una conferencia de prensa en el tramo del río entre University Gardens y Jardines Metropolitanos, los vecinos denunciaron que el plan del USACE contempla sustituir el puente que conecta ambas urbanizaciones. Según los residentes, el ensanchamiento proyectado del cauce implicaría la tala de hasta 4,000 árboles, una acción que consideran devastadora para el entorno.
El USACE y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como patrocinador estatal, defienden el proyecto como una medida de control de inundaciones. Sin embargo, las comunidades alegan que la canalización responde a un plan obsoleto, diseñado hace más de 40 años.
“¿Cómo es posible eliminar cientos de árboles adultos en un momento en que más necesitamos espacio verde? Aquí tumban y siembran cemento”, cuestionó Bernardo Fiol Lecaroz, tesorero y portavoz de Comunidades Protectoras del Río Piedras. Añadió que otras ciudades del mundo, como Seúl, Los Ángeles y Ginebra, han revertido proyectos similares.
Belaval recordó que el USACE prometió reuniones periódicas con las comunidades desde enero de 2024, pero no se han concretado. El Nuevo Día solicitó una reacción del USACE sobre las conversaciones sostenidas y la fase actual del diseño del proyecto, pero no obtuvo respuesta.
Las organizaciones sostienen que la verdadera solución a las inundaciones radica en mejorar el sistema de alcantarillado pluvial, responsabilidad compartida entre el Municipio de San Juan y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). “Eso no se va a corregir con ese proyecto”, recalcó Belaval.
El USACE calcula que la canalización requerirá una inversión de $2,700 millones, de los cuales el Congreso de Estados Unidos ha asignado cerca de $1,600 millones.
A la actividad asistieron la senadora María de Lourdes Santiago y las legisladoras municipales Norma Devarie y Daisy Sánchez, del Movimiento Victoria Ciudadana, junto a Ingrid Colberg, del Partido Popular Democrático. Colberg señaló que el Partido Nuevo Progresista, que controla la asamblea municipal, recibió resoluciones para requerir los permisos emitidos al proyecto.
“Lo que hay que remediar no es el cauce del río, sino las acciones humanas”, afirmó Santiago, quien adelantó que impulsará legislación para atender el conflicto.
La organización comunitaria celebrará este sábado su tercera asamblea extraordinaria en el parque de Villa Nevárez para continuar delineando estrategias en defensa del río.
