Kenner, Luisiana — Las puertas del restaurante de tacos de Carmela Díaz permanecen cerradas, las mesas vacías y la cocina sin movimiento. Su Taquería La Conquistadora se suma a una larga lista de negocios nicaragüenses, hondureños y salvadoreños que han dejado de operar en este vecindario hispano, donde antes abundaban los letreros en español y ahora reina el silencio.
La ofensiva federal más reciente contra la inmigración, con la meta de realizar 5,000 detenciones, ha golpeado con fuerza a la comunidad de Kenner, que concentra la mayor población hispana de Luisiana. Para muchos propietarios, como Díaz, la operación ha dejado consecuencias profundas tanto en inmigrantes como en ciudadanos estadounidenses. “Había días que no vendíamos nada”, lamentó entre lágrimas. “Tuve que cerrar porque ya no había negocio”.
Desde el miércoles, convoyes del Departamento de Seguridad Nacional recorren las calles de la ciudad dentro de la operación “Catahoula Crunch”, anunciada por el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino. La iniciativa, nombrada en honor al perro oficial del estado, forma parte de una serie de redadas también realizadas en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.
Los videos compartidos por residentes muestran agentes federales deteniendo personas frente a comercios y obras de construcción. Díaz asegura que los operativos generan miedo generalizado: “No respetan a nadie. Les ponen las esposas y se los llevan”, afirmó.
La portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, dijo que ya se han realizado docenas de arrestos y defendió las acciones alegando que los objetivos son “delincuentes ilegales violentos”. Según afirmó, en 24 horas fueron capturadas personas con antecedentes por homicidio, secuestro, abuso de menores, robo y agresiones.
El alcalde de Kenner, Michael Glaser, declinó comentar sobre la operación, aunque su oficina indicó que se trata de un asunto federal. No obstante, la policía local participa en un programa nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que autoriza la retención de detenidos para deportación.
La comunidad hispana de Kenner, asentada masivamente tras el huracán Katrina de 2005, representa cerca del 30% de la población local. Díaz, originaria de El Salvador, llegó en 2006 y levantó su negocio con esfuerzo. Hoy sus restaurantes y camiones de comida están suspendidos, mientras se mantiene a flote haciendo entregas a familias que temen salir.
Sergio Pérez, ciudadano estadounidense de origen guatemalteco, vive en Kenner desde 2010 y teme por familiares que no tienen documentos legales. “No nos quieren aquí. Es como si ya no fuéramos bienvenidos”, expresó. Asegura que, si deportan a sus seres queridos, dejará el país.
La ola de redadas ha provocado un clima de tensión y desconfianza en una comunidad que, desde hace veinte años, ha sido clave en la recuperación económica del estado. Muchos temen que el vacío en las calles y los negocios vacíos sean una señal de que el tejido social hispano en Luisiana se está desmoronando.
Esta historia fue traducida del inglés al español mediante una herramienta de inteligencia artificial y revisada por un editor antes de su publicación.




