DDEC evalúa decreto contributivo de Brock Pierce tras cierre del Hope Medical Center

El DDEC audita el decreto del criptomagnate Brock Pierce, tras el cierre del hospital Hope Medical Center en Humacao.
Entre las facultades de la Oficina de Incentivos del DDEC, está la cancelación del beneficio que el criptomagnate tiene desde 2018

Tras el cierre del hospital Hope Medical Center en Humacao, la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) lleva a cabo una “evaluación exhaustiva” del decreto contributivo otorgado en 2018 al empresario de criptomonedas Brock Pierce, quien adquirió la institución hace dos años.

“Tenemos conocimiento de que el caballero tiene un decreto emitido en el 2018. Conocemos lo que pasó con el hospital en estos días. Estamos al tanto. Estamos haciendo una evaluación exhaustiva; ya se está auditando ese decreto”, confirmó el director de la Oficina de Incentivos del DDEC, Ernesto Zayas García, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, celebrada en La Fortaleza.

Zayas García no ofreció detalles sobre el análisis, pero indicó que entre las facultades de su oficina está la cancelación de decretos y que el proceso concluirá “en poco tiempo”.

El Hope Medical Center fue adquirido en 2023 por Pierce y un grupo de médicos puertorriqueños por $5.3 millones, como parte del proceso de quiebra del conglomerado HIMA San Pablo. Sin embargo, problemas financieros afectaron su operación. Según el secretario de Salud, Víctor Ramos, la crisis se originó porque uno de los inversionistas “le quedó mal” al grupo.

Consultado sobre si otros inversionistas beneficiarios de la Ley 60‑2019 también serían evaluados, Zayas García respondió que el DDEC investiga quiénes participaron en la compra, ya que “hospitales de este tipo no tienen decretos con el DDEC”. Agregó que están identificando posibles inversionistas acogidos a la Ley 60, pero que el hospital en sí no figura como negocio con decreto contributivo.

De acuerdo con una fuente, la institución operaba desde su apertura con un déficit de unos $3 millones y no contaba con liquidez suficiente para pagar a los empleados, lo que generó deudas con varios inversionistas.

Asimismo, Zayas García anunció la implementación del programa de “profesional certificado”, que permitirá a abogados, contadores públicos autorizados y agrimensores emitir certificaciones de preelegibilidad para solicitantes de incentivos. Explicó que esta medida busca reducir los tiempos de trámite de decretos de hasta dos años a unos 90 días.

“Vamos a poder contar con estos profesionales, que certificarán bajo juramento y con su licencia que los solicitantes cumplen con los requisitos. Nosotros, en la Oficina de Incentivos, validaremos esa información para proceder con la redacción del decreto”, sostuvo Zayas García.

El registro para estos profesionales ya está disponible en el portal de incentivos del DDEC, y el primer adiestramiento anual se ofrecerá el 11 de diciembre.

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