Durante los próximos cinco años, Puerto Rico contará con cerca de $40 millones de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) para reemplazar las tuberías de agua potable que pudieran estar contaminadas con plomo. Se estima que este material podría estar presente en las líneas que abastecen a casi medio millón de clientes.
“Es dinero que permitirá a Puerto Rico tomar pasos importantes para reemplazar líneas de servicio con plomo. Todos conocemos los peligros de estas líneas”, expresó el administrador regional de la EPA, Mike Martucci, quien visitó la isla esta semana. Añadió que los fondos servirán para realizar mejoras esenciales en la infraestructura del agua potable.
La asignación total asciende a $39,970,000, de los cuales $28.7 millones provienen de asignaciones directas y el resto de fondos sobrantes redistribuidos de otros territorios de los años fiscales 2023 y 2024.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) será la encargada de implementar los proyectos de reemplazo, aunque los fondos también estarán disponibles para sistemas de agua independientes al central, que serán manejados por el Departamento de Salud, explicó Carmen Guerrero, directora de la EPA para Puerto Rico y el Caribe.
Guerrero indicó que una parte de los fondos se utilizará para completar un inventario de conexiones de agua potable en toda la isla, proceso que ya la AAA ha comenzado. La EPA, aseguró, se compromete a identificar los recursos necesarios para ejecutar los reemplazos.
El origen de esta iniciativa se remonta a las reformas regulatorias implementadas por la EPA tras la crisis de salud pública en Flint, Michigan, donde la corrosión de tuberías de plomo contaminó el suministro de agua. En Puerto Rico, un estudio comisionado por la AAA a la firma Salo Engineering detectó que casi 500,000 clientes reciben agua mediante tuberías instaladas antes de 1984, año en que se prohibió el uso de plomo en la construcción.
Aunque las áreas de mayor riesgo se concentran en centros urbanos, el proceso de inspección abarcará toda la isla. La AAA desarrolló un mapa digital donde los ciudadanos pueden verificar si su zona recibe agua de una tubería potencialmente afectada.
“Si hay sospecha de plomo, el titular del terreno debe ofrecer información sobre el agua potable y tomar medidas específicas, como limpiar las líneas o dejarlas correr por unos minutos”, explicó Guerrero.
Las nuevas reglas federales establecen un plazo máximo de diez años para cumplir con los estándares de protección contra el plomo. No obstante, los fondos asignados estarán vigentes por cinco años, por lo que podría requerirse financiamiento adicional a futuro.
Martucci subrayó que la EPA continuará apoyando los esfuerzos para garantizar agua segura en Puerto Rico. “No hay ningún nivel seguro de consumo de plomo”, puntualizó Guerrero, al remarcar la prioridad que representa este tema para la agencia.
