Washington — El gobierno del presidente Donald Trump suspendió todas las solicitudes migratorias, incluidas las de tarjetas de residencia y naturalización, para ciudadanos de los 19 países afectados por el veto de viaje impuesto a comienzos de año. La decisión responde a cambios amplios en la política migratoria tras el tiroteo que dejó un soldado muerto y otro herido cerca de la Casa Blanca durante la semana de Acción de Gracias.
Según un memorando publicado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la pausa estará vigente hasta nueva orden del director de la agencia, Joseph Edlow. El documento explica que las medidas buscan reforzar la seguridad nacional tras los disparos efectuados por un sospechoso de nacionalidad afgana.
El veto prohíbe la entrada a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, restringe el ingreso de personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Las autoridades aclararon que ahora la revisión alcanzará también a quienes ya se encuentran en Estados Unidos, sin importar su fecha de llegada.
USCIS realizará una evaluación exhaustiva de las solicitudes aprobadas para migrantes que entraron durante el gobierno del expresidente Joe Biden. El memorando detalla que en un plazo de 90 días se elaborará un listado de revisión priorizada, y podría incluir entrevistas adicionales o la remisión de casos a otras agencias.
“Ante las preocupaciones identificadas y la amenaza para el pueblo estadounidense, USCIS ha determinado necesaria una revisión exhaustiva de todos los extranjeros de países de alto riesgo que ingresaron a partir del 20 de enero de 2021”, señaló la agencia.
La administración también pausó las decisiones de asilo y el Departamento de Estado paralizó la emisión de visas para afganos que colaboraron con el esfuerzo bélico estadounidense. Estas acciones forman parte de una nueva estrategia de control migratorio tras el ataque.
Críticos de la medida advirtieron que las nuevas directrices podrían representar un castigo colectivo contra migrantes que no tienen relación con los hechos violentos recientes.
