La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) retuvo, como medida de “penalidad”, un total de $174,105.20 del presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La suma corresponde al dinero que la ex presidenta alterna Jessika Padilla Rivera destinó para el pago de un bono especial a 65 empleados exentos, incluido el suyo.
Esta acción ocurre mientras el Departamento de Justicia continúa una investigación sobre el uso de esos fondos, proceso que, según trascendió, se encuentra en su etapa final. El caso ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del desembolso y el cumplimiento de los procedimientos fiscales por parte de la CEE.
La decisión de la OGP implica que los recursos utilizados para el bono se descontarán del presupuesto operativo de la agencia, medida que busca establecer consecuencias administrativas por la aprobación del incentivo sin la debida autorización fiscal.
