El hogar de ancianos en Arecibo ha sido cerrado tras operar sin licencia, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de sus residentes. Esta acción fue anunciada por el Departamento de la Familia, que destacó que los nueve residentes serán trasladados a otras instituciones en coordinación con sus familiares. Este cierre se da luego de un presunto maltrato a una mujer de 87 años en el Hogar Casa Dorada, ubicado en Las Piedras, lo que encendió las alarmas sobre la supervisión de estos centros de cuidado en la isla.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfatizó que "nuestra prioridad es proteger a las personas adultas mayores. Cada intervención que realizamos responde al compromiso de garantizar que los hogares operen conforme a la ley y ofrezcan un ambiente seguro y digno". Esta declaración subraya la importancia de la regulación en los hogares para personas de edad avanzada, especialmente ante incidentes tan preocupantes como el ocurrido en Las Piedras.
La situación ha llevado a que legisladores, como las representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, soliciten investigaciones más exhaustivas sobre la supervisión de estos hogares. Según reportó Metro Puerto Rico, las representantes han pedido vistas públicas para determinar si el Departamento de la Familia está supervisando de forma efectiva los centros de cuidado prolongado en Puerto Rico.
La reciente intervención del Departamento de la Familia en el hogar de Arecibo resalta la necesidad de un escrutinio más riguroso sobre los servicios que se ofrecen a los ancianos, quienes son una población vulnerable. A medida que se trasladan los residentes de este hogar, la preocupación por el bienestar y la seguridad de los ancianos sigue siendo un tema de debate en la sociedad puertorriqueña.
El cierre de este hogar no solo plantea preguntas sobre la calidad del cuidado que reciben los ancianos en la isla, sino también sobre la capacidad del gobierno para fiscalizar adecuadamente estos centros. La falta de licencias y las denuncias de maltrato ponen en evidencia la urgencia de reforzar las regulaciones y asegurar que todos los hogares de cuidado cumplan con los estándares necesarios para operar legalmente y brindar un ambiente seguro a sus residentes.
Fuentes: El Vocero, Metro Puerto Rico
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