Aguadilla – La gobernadora Jenniffer González reiteró este lunes su oposición a la pena de muerte en Puerto Rico, en momentos en que la fiscalía federal busca aplicar la pena capital contra uno de los acusados del asesinato de dos adolescentes en 2023.
“Estoy en contra de la pena de muerte. De la misma manera que estoy a favor de la vida y en contra del aborto, pues no puedo estar a favor de la pena de muerte. Esa es mi postura personal”, expresó la primera ejecutiva, al tiempo que reconoció que este asunto le compete al gobierno federal. “Esto es una jurisdicción exclusiva del gobierno federal, sobre la que el gobierno de Puerto Rico no tiene interés”, añadió.
Aunque la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte, la fiscalía federal presentó una moción el 14 de noviembre solicitando autorización al Departamento de Justicia, en Washington D.C., para que el Tribunal Federal de San Juan considere la pena capital como posible sanción contra Edwin Yadiel Flores Tavárez. Este es uno de los dos acusados por los asesinatos de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, hechos que estremecieron a la isla.
González recordó que uno de los últimos intentos de aplicar la pena de muerte se dio en el caso de Alexis Candelario Santana, acusado por la llamada masacre de La Tómbola. En 2013, Candelario Santana fue sentenciado a cadena perpetua luego de que un jurado no llegara a unanimidad sobre la pena capital. En enero de 2024, tras un nuevo juicio, la sentencia fue reafirmada.
A lo largo de los años, la fiscalía federal ha intentado aplicar la pena de muerte en al menos 13 casos atendidos en el tribunal federal de Puerto Rico, aunque en ninguno ha prevalecido.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que la agencia que dirige se ajusta al marco legal vigente. “En el Departamento de Justicia se trabaja conforme a la ley y el orden, y el estatuto vigente es total deferencia a nivel federal en cuanto a ese particular”, afirmó la funcionaria.
