El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se encuentra en una situación crítica, ya que lleva 15 días sin realizar el pago del alquiler de sus oficinas ubicadas en Hato Rey. Este incumplimiento ocurre tras el vencimiento de un contrato provisional el 30 de junio, lo que ha llevado a los propietarios del inmueble a presentar una orden de desahucio en el Tribunal de San Juan, que se encuentra en suspenso mientras se busca una solución.
La jueza Lorimar Barreto Vincenty otorgó un plazo de 10 días a los propietarios para que respondan a la situación, lo que añade presión a la administración del DCR para resolver el problema de los pagos atrasados, que ascienden a un total de $4,118,316. En este contexto, se ha destacado que “aquí nadie quiere tirar el DCR a la calle. Queremos que la relación comercial continúe para beneficio de ambas partes”, según un representante de los propietarios.
El DCR, por su parte, ha manifestado que “no está negándose a pagar, está haciendo las acciones necesarias” para regularizar su situación financiera. Esta crisis de sede se da en un momento en el que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha estado interviniendo en el presupuesto del gobierno, complicando aún más la capacidad del DCR para cumplir con sus obligaciones financieras. De acuerdo con el medio El Vocero, el secretario del DCR, Iván Ramírez Camacho, se encuentra bajo presión debido a otras querellas que enfrenta, lo que añade una capa adicional de complicaciones a la situación.
El entorno financiero del DCR ha sido tenso, especialmente tras el control impuesto por la JSF, que ha limitado la capacidad de la agencia para operar con efectividad. La falta de pagos y la incertidumbre en la continuidad del contrato de alquiler podrían llevar a que el DCR se vea obligado a buscar nuevas instalaciones, lo que afectaría no solo sus operaciones, sino también a los empleados y a la población que depende de sus servicios. En este sentido, es crucial que las partes lleguen a un acuerdo que permita mantener la sede actual y evitar un desalojo.
La crisis del DCR no solo refleja los problemas internos de la agencia, sino también el impacto más amplio de las políticas fiscales impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, que ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña. La situación actual pone de relieve la necesidad urgente de una solución que garantice la estabilidad del Departamento de Corrección y su capacidad para cumplir con su misión de rehabilitación y corrección en la isla.
Fuentes: El Vocero, aldia.microjuris.com, NotiCel
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