El expresidente filipino Rodrigo Duterte continuará bajo custodia de la Corte Penal Internacional (CPI) tras la decisión de los jueces de apelación que rechazaron su solicitud de liberación por razones médicas.
El exmandatario, de más de 80 años, enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por presuntamente haber ordenado o autorizado asesinatos en el marco de su llamada guerra contra las drogas, una política iniciada cuando era alcalde de Davao y continuada durante su presidencia entre 2016 y 2022.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza informó que los abogados de Duterte no lograron demostrar que la decisión previa de la cámara inferior fuera irrazonable. La vista se celebró en La Haya y el exgobernante no estuvo presente.
El equipo legal, encabezado por el abogado Nick Kaufman, indicó que planea presentar nuevamente la solicitud de liberación cuando se conozcan los resultados de un examen médico el próximo mes. Alegan que Duterte está “enfermo y débil” y que su capacidad cognitiva se ha deteriorado, lo que le impide asistir adecuadamente a su defensa.
Los jueces consideraron que su liberación implicaría un riesgo de fuga y que podría intentar intimidar a testigos, por lo que ordenaron mantenerlo detenido. Según documentos judiciales, Duterte habría instruido “actos violentos, incluyendo asesinatos, contra presuntos traficantes y consumidores de drogas” entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, cuando Filipinas abandonó la CPI.
Durante su mandato presidencial, la policía reportó más de 6,000 muertes relacionadas con operaciones antidrogas, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra podría alcanzar 30,000. Las familias de las víctimas celebraron su arresto en marzo pasado.
El equipo legal también había solicitado su traslado a otro país miembro, pero los jueces consideraron que el riesgo de fuga no podía mitigarse. La fiscalía de la CPI había iniciado una investigación preliminar en 2018 sobre los abusos cometidos durante su gobierno. Un mes después, Duterte anunció el retiro de Filipinas del tribunal.
En una decisión anterior, los jueces señalaron que los estados no pueden usar su salida del Estatuto de Roma para proteger a acusados de crímenes que ya están bajo análisis. La defensa también apeló esa determinación.
El gobierno filipino reconoció la decisión. «La Corte Penal Internacional ya ha tomado su decisión y el Palacio la respeta», expresó la secretaria de Comunicaciones Presidenciales, Claire Castro.
La familia del exmandatario, que ha culpado al presidente Ferdinand Marcos Jr. por el arresto, dijo aceptar la resolución “con corazones tranquilos” y reiteró que seguirá colaborando con su equipo legal. “Agradecemos a todos los que rezaron con nosotros hoy”, añadieron en un comunicado.
