A solo una semana de haberse sometido a una cirugía por cáncer, Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, enfrenta nuevamente la amenaza de ser desalojada de su casa centenaria en el sector Playuela de Aguadilla, justo en plena época navideña. “Esta casa es lo único que tengo; por favor, tengan misericordia. No nos quiten esto, no tenemos a dónde ir”, suplicó la mujer mediante declaraciones escritas compartidas por su familia a El Nuevo Día.
Su abogada, Ariadna Godreau Aubert, explicó que el pasado martes radicaron en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla una moción solicitando la paralización de la orden de desalojo como un remedio humanitario, dadas las condiciones de salud y vulnerabilidad de la mujer. Godreau Aubert, también directora de Ayuda Legal Puerto Rico, recalcó que la sentencia de desahucio emitida en 2023 “no da la autoridad a nadie para sacar a una persona a la fuerza”, y que el tribunal aún debe emitir una orden formal de lanzamiento.
“El juicio ya se vio y no estamos de acuerdo con la sentencia por el tiempo que doña Ramona ha vivido allí. Playa India prevaleció en el proceso, pero nosotros estamos elevando un reclamo humanitario”, sostuvo la abogada, refiriéndose a la compañía Playa India, S.E., a la cual el Tribunal de Aguadilla reconoció como propietaria del terreno en abril de 2023. El presidente de la empresa, Víctor Añeses Méndez, no contestó una solicitud de reacción al momento de la publicación.
En 2024, el Tribunal Supremo denegó una reconsideración presentada por Cruz Sanabria, cerrando las puertas a una posible intervención judicial que detuviera el desahucio. Su defensa alegó que la familia posee la propiedad bajo la figura de usucapión, una disposición del Código Civil que reconoce la propiedad de un inmueble luego de 20 años de posesión continua, aun sin título ni buena fe.
“Ramona tiene 78 años, se acaba de operar de cáncer y tiene una biopsia pendiente por otro posible diagnóstico. Está en una posición de extrema vulnerabilidad”, añadió Godreau Aubert. La familia, compuesta por Cruz Sanabria, su esposo Jacobo Pérez Soto y dos hermanos con diversidad funcional, depende de ingresos mínimos de Seguro Social y cupones de alimentos para subsistir. “Somos una familia pobre; vivimos del Seguro Social de mi esposo, que son $300. A mí me dan $140 y los cupones. ¿De dónde vamos a sacar?”, lamentó.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se unió al reclamo humanitario, reafirmando en sus redes sociales su “compromiso con la vivienda digna, el debido proceso y la justicia humanitaria”.
