El presupuesto de la UPR se encuentra bajo un intenso escrutinio tras la certificación de un plan fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que ha dejado a la Universidad en una "posición de vulnerabilidad e incertidumbre". Representantes de la Junta de Gobierno de la UPR han expresado su inquietud por el futuro financiero de la institución, señalando que se requiere un plan serio para abordar los desafíos actuales.
La JSF ha intervenido nuevamente en las finanzas de la UPR al rechazar el presupuesto propuesto por el Gobierno de Puerto Rico y la propia Universidad para el año fiscal 2027, certificando en su lugar una versión ajustada que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Esta acción representa un golpe significativo a la autonomía de la UPR, resaltando el problema crónico de financiamiento insuficiente para su sistema de retiro, que ha sido una preocupación durante años, según reportes de indiario.com.
El nuevo presupuesto consolidado de la UPR asciende a $1,255 millones, que incluye una asignación de $566 millones del gobierno central, similar a años anteriores. Sin embargo, el presupuesto también enfrenta críticas porque la JSF solo ha asignado $177 millones para el pago de pensiones, una cifra que se considera insuficiente dado que la Junta de Gobierno había solicitado inicialmente $133 millones, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema de retiro.
El 9 de junio, la Junta de Gobierno de la UPR había advertido sobre la necesidad de contar con $44.5 millones adicionales para cubrir otros gastos operacionales, una demanda que fue ignorada por la JSF. Además, los fondos actuales que debe utilizar la UPR corresponden al año fiscal 2023 y deben ser utilizados antes del 30 de junio de 2027, una situación que genera aún más incertidumbre sobre cómo se financiarán los programas y servicios necesarios para los estudiantes.
Al respecto, Zayira Jordán Conde, presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, reiteró que "nos preocupa profundamente que la Universidad continúe siendo evaluada únicamente desde una perspectiva fiscal. La UPR no es un gasto; es una inversión para Puerto Rico". Este enfoque subraya la necesidad de un cambio en cómo se percibe el financiamiento de la educación superior en la isla.
Mientras tanto, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, junto con la Oficina del Contralor, está supervisando los fondos y ha autorizado el uso de unos $3.64 millones para financiar programas de internado, donde hasta 50 estudiantes podrían participar, lo que refleja una intención de involucrar a la juventud en la administración pública. Sin embargo, los plazos para la solicitud de estos internados son ajustados, ya que deben completarse antes del 15 de julio.
La situación actual del presupuesto de la UPR pone de manifiesto la complejidad de la relación entre la Universidad y la JSF, así como la urgencia de desarrollar un plan sostenible que no solo garantice el financiamiento necesario, sino que también fortalezca la misión educativa de la UPR en el futuro.
Fuentes: indiario.com, Metro Puerto Rico, El Vocero
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