La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) urgió a la gobernadora Jenniffer González a no firmar el Proyecto del Senado 127, que propone reactivar un programa de retiro incentivado para empleados públicos. El organismo argumentó que la iniciativa es contraria al plan fiscal certificado para el gobierno central.
En una carta fechada el 25 de noviembre, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, le recordó a González que, bajo la pasada administración, se alcanzó un acuerdo para implementar parcialmente la Ley 80 de 2020, que permitió un retiro incentivado sin violar el plan fiscal. Según Mujica, el nuevo proyecto “violaría el plan de ajuste a la deuda del gobierno central y la orden de confirmación al crear nuevos beneficios de pensión”.
El funcionario recordó que la JSF revisó el PS 127 antes de su aprobación legislativa, a solicitud del presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de Veteranos del Senado, Gregorio Matías, y comunicó entonces sus preocupaciones. En la misiva enviada también a los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, Mujica advirtió que la aprobación de medidas que contravengan la estipulación final de la Ley 80 sería incompatible con la ley Promesa y lesionaría el plan de ajuste. “Es fiscalmente irresponsable, obstaculiza la recuperación financiera de Puerto Rico y lo lleva de vuelta a las prácticas de gasto que llevaron a su quiebra”, sostuvo.
Mujica aconsejó a la gobernadora que evitar aprobar estatutos similares, pues “seguiría alimentando expectativas en los empleados públicos que, en términos estrictamente legales, son incorrectas e irrazonables”.
La Ley 80 de 2020 fue declarada nula por el Tribunal Federal a petición de la JSF en mayo de 2022. Posteriormente, se alcanzó una estipulación que permitió su ejecución parcial. A través de ese acuerdo, 1,129 empleados del gobierno central pudieron acogerse al retiro desde abril de 2024, con una pensión equivalente al 50% de su salario, $100 mensuales de aportación al plan médico hasta los 62 años y el pago de vacaciones acumuladas.
La JSF insistió además en que esos cargos no deben volver a ocuparse para garantizar el cumplimiento del plan fiscal.
