El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, se ha pronunciado en defensa de la reciente contratación de empresas de seguridad para el Departamento de Salud, afirmando que "no hay nada que investigar" sobre este proceso. En una conferencia de prensa, Ramos aseguró que no recibió presiones de Politank para favorecer a las nuevas empresas que han reemplazado a Genesis Security Services, cuyo contrato venció el 30 de junio de 2026. La controversia surge en un contexto en el que la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha comenzado a examinar las decisiones de contratación de la agencia, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia y legalidad de las transacciones realizadas.
Ramos destacó que la compañía Genesis Security Services había sido reemplazada y que el nuevo contrato, que asciende a $1.9 millones, fue otorgado a raíz de una decisión administrativa. "Las decisiones de esto fueron en Salud, pero ciertamente la gobernadora (Jenniffer González) dio una instrucción desde el principio, que no le gusta que una agencia tenga todos los contratos u órdenes de compra en las mismas manos", afirmó Ramos. Esto se produce en el marco de una reestructuración de los servicios de seguridad en el Departamento de Salud, donde se notificó a 203 oficiales de seguridad sobre su posible cesantía.
El secretario también se refirió a las acusaciones de que Politank, un cabildero registrado, estaba involucrado en el proceso de contratación. Con un tono desafiante, expresó: "Me da risa porque Politank es un cabildero registrado. Está retratado. A usted, se le hace fácil saber quiénes son sus clientes porque están registrados". Sin embargo, reconoció que algunos cabilderos no registrados "presionan mucho más porque actúan bajo la sombra".
Por otro lado, la directora de Recursos Humanos de Genesis Security, Cynthia Ruiz Arroyo, notificó a los empleados sobre la cancelación de servicios para algunos programas del Departamento de Salud, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores afectados. El nuevo contrato de seguridad que se aprobó es una medida que busca mejorar la eficiencia en la gestión de seguridad pública dentro de las instalaciones del Departamento de Salud. Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por algunos sectores, que argumentan que las cesantías de los empleados podrían afectar la calidad del servicio.
La Oficina del Inspector General (OIG) también se ha involucrado en este tema, cuestionando más de $6 millones en costos relacionados con servicios tecnológicos prestados al Departamento de Salud sin un contrato vigente, lo que sugiere una falta de supervisión adecuada en la administración de recursos dentro de la agencia. Este informe ha añadido más combustible a las llamas de la controversia que rodea la gestión actual del Departamento de Salud.
A pesar de las críticas, Ramos Otero se mantiene firme en su posición, afirmando que "había nada ilegal en eso" y que el proceso de contratación es completamente legítimo. Con el marco administrativo en constante revisión, el secretario de Salud espera que se aclare la situación y que la operación del Departamento no se vea comprometida por las controversias actuales.
Fuentes: nelpr.com, indiario.com, NotiCel
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