Sandra Torres, ex presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, ha presentado una demanda federal en la que reclama la asombrosa suma de $17 millones contra fiscales del Fiscal Especial Independiente (FEI). Torres alega que sus derechos civiles y constitucionales fueron violados durante un proceso investigativo que se extendió por casi cinco años, perjudicándola significativamente.
La demanda, que incluye a los fiscales Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz, detalla que Torres busca una compensación de $7 millones por "indemnización por daños y perjuicios, por el dolor físico y mental sufrido". Además, se solicitan otros $3 millones por "daños punitivos" contra los demandados individuales, reflejando la gravedad de las acusaciones que enfrenta el FEI.
Detalles de la denuncia contra el FEI
Según la reclamación de Torres, las acciones de los fiscales involucrados no se sostenían por evidencia y se basaron en información falsa presentada bajo juramento. La exfuncionaria argumenta que, como parte de un acuerdo, se le pidió que se declarara culpable en julio de 2024, lo que ella considera un abuso de poder y un ataque a su integridad.
"La demanda busca vindicar los derechos de la exfuncionaria y responsabilizar a los funcionarios involucrados por las actuaciones cometidas durante el proceso investigativo y judicial", señala el documento legal. La denuncia también incluye la búsqueda de compensación por honorarios de abogados y pérdida de ingresos salariales, lo que resalta el impacto financiero que ha tenido sobre su vida profesional.
Implicaciones de la demanda
La situación de Torres también pone de relieve la relación entre la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, que ha sido objeto de críticas en el pasado. Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, se ve involucrado indirectamente en el contexto de la denuncia, ya que su administración fue parte del entorno en el cual se desarrollaron las investigaciones.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico podría tener que evaluar esta demanda, que no solo busca reparaciones monetarias, sino que también plantea serias interrogantes sobre la ética y el debido proceso en las investigaciones del FEI. Torres ha declarado que su lucha es tanto por su nombre como por la justicia que merece cualquier ciudadano que se vea envuelto en situaciones similares.
La demanda de Sandra Torres se convierte así en un escenario crucial que puede influir en la percepción pública sobre la efectividad y la ética de las instituciones que deben proteger los derechos de los ciudadanos. Este caso pone de manifiesto la necesidad de garantizar que los procedimientos legales se realicen de manera justa y transparente, evitando el abuso de poder por parte de quienes están encargados de hacer cumplir la ley.
Fuentes: greenwichtime.com, smdailyjournal.com, yahoo.com
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