Decenas de feministas se manifestaron este martes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir al gobierno un plan efectivo que contrarreste los recortes federales vinculados a políticas antidiversidad y antimigrantes. Estas medidas, denunciaron, han restringido los fondos destinados a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia machista.
Coraly León, directora de la Red de Albergues de Violencia de Género, advirtió frente al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) que algunas organizaciones enfrentan una reducción de entre 50% y 65% en sus fondos federales. “Cuando hay una pérdida de fondos y no hay una estrategia para atender esa merma, eso también es violencia institucional. Llevamos desde marzo alertando y pidiendo desarrollar estrategias conjuntas”, expresó.
León instó al gobierno de Jenniffer González a identificar recursos internos para sostener los servicios. “Hay camas y servicios disponibles, pero están funcionando con un recorte sustancial”, indicó. Señaló que varios albergues han tenido que reducir personal y reclamó falta de planificación del Ejecutivo, recordando que en Colorado se impuso un impuesto a la venta de armas para financiar refugios.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, reconoció la preocupación. “La lucha contra la violencia de género requiere no solo recursos económicos, sino la visión y compromiso de todos los sectores”, señaló.
En lo que va de 2025, se han registrado 16 feminicidios íntimos en la isla, mientras el Observatorio de Equidad de Género ha documentado 54 feminicidios, 95 intentos y 50 mujeres y niñas desaparecidas. A nivel global, un informe de la ONU reveló que casi 50,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024.
Durante la madrugada, la Colectiva Feminista en Construcción realizó un cacerolazo frente a La Fortaleza para exigir rendición de cuentas. “A siete años de haber exigido el estado de emergencia, nuestras condiciones han empeorado. Merecemos más”, declararon.
Más tarde, en el CAAPR, representantes de más de una decena de grupos leyeron una proclama con cinco demandas, incluyendo educación con perspectiva de género y presupuestos permanentes para organizaciones no gubernamentales que ofrecen vivienda, desarrollo económico y apoyo a mujeres migrantes. La presidenta de la Comisión de las Mujeres del CAAPR, Noeli Pérez de La Torre, pidió campañas “libres de revictimización y punitivismo”.
La directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, Lenna Ramírez Cintrón, alertó sobre el aumento de mujeres que solicitan servicios pese a los recortes. Romelinda Grullón, del Centro de la Mujer Dominicana, denunció el “asedio” a mujeres inmigrantes y criticó las políticas del gobierno de Donald Trump, al conmemorarse 65 años del asesinato de las hermanas Mirabal.
Finalmente, la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, condenó el Proyecto del Senado 504 que otorgaría personalidad jurídica al cigoto. “Esto es violencia contra la mujer también. No hemos claudicado”, afirmó.
