La reciente aprobación del Senado de Puerto Rico de extender una tasa preferencial del 4% a "ciudadanos americanos no residentes" ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones fiscales y sociales. Este proyecto, conocido como Proyecto del Senado 488, fue defendido por el Partido Nuevo Progresista (PNP), que sostiene que la medida es justa para los puertorriqueños en la isla, mientras que el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) han cuestionado su impacto económico negativo.
La medida, que se considera una continuación de la conocida Ley 22, permitiría a inversionistas de lugares como Nueva York, California e incluso Australia vender propiedades en Puerto Rico sin necesidad de mudarse a la isla. Según la senadora Jenniffer González, "Esta es la Ley 22 remota. Ya no se tienen que mudar, con que sean ciudadanos americanos de Nueva York, de California, de Australia, de la Luna, van a poder vender propiedades en Puerto Rico, arreglarlas, revenderlas y pagar una tasa preferencial por la ganancia de capital".
Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación sobre el costo que esta medida tendría para el fisco. De acuerdo con el PPD, los beneficios fiscales propuestos no equiparan las necesidades de los puertorriqueños residentes. María de Lourdes Santiago, del PIP, señaló que "lo que tenemos en el programa de gobierno (del PPD) es equiparar los beneficios contributivos a los puertorriqueños y puertorriqueñas". La senadora agregó que en ningún momento su programa mencionó la inclusión de “ciudadanos americanos no residentes”.
El impacto financiero de esta extensión es significativo. Se estima que durante los años fiscales 2027 a 2030, el costo para el Fondo General podría fluctuar entre $132.8 millones y $141.2 millones, representando $132 millones menos para educación, salud y otras áreas esenciales. Angel Toledo López, del Departamento de Hacienda, advirtió que "son $132 millones que no van a entrar al tesoro; $132 millones menos para las escuelas, para carreteras, para salud, para que se queden en el bolsillo de los millonarios".
A pesar de estas críticas, el PNP ha argumentado que la medida atraerá a inversionistas vitales para revitalizar la economía de la isla, un argumento que ha encontrado eco en sectores empresariales que ven en la tasa preferencial del 4% una oportunidad de crecimiento económico. Sin embargo, el debate sigue abierto sobre si los beneficios a corto plazo realmente superan el detrimento a largo plazo en los ingresos fiscales de Puerto Rico.
La discusión en torno a este proyecto es parte de un panorama más amplio sobre cómo las políticas fiscales afectan a la población puertorriqueña, y si es posible encontrar un equilibrio entre atraer inversión y proteger los intereses de los ciudadanos locales. La Asamblea Legislativa continúa evaluando las repercusiones de esta y otras medidas, mientras los partidos políticos se posicionan en favor o en contra de las políticas fiscales que podrían cambiar el futuro económico de la isla.
Fuentes: todaspr.com, normograma.com, camara.gov.co
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