El Tribunal Federal emitió una orden de protección de evidencia tras una solicitud de la Fiscalía Federal, que pidió resguardar lo que describió como material “sensitivo” y “confidencial” en el proceso judicial contra un contratista de Lajas.
El juez federal Raúl M. Arias Marxuach aceptó la moción con el objetivo de agilizar el descubrimiento de prueba y asegurar que la información clasificada permanezca protegida. Según la directriz, el Ministerio Público deberá identificar como “confidencial” cualquier documento o medio de almacenamiento mediante carta, correo electrónico o etiqueta.
La decisión responde a una petición radicada a inicios de noviembre por la Fiscalía Federal en el caso contra Daniel García Martín, de 67 años, quien fue arrestado luego de que agentes del FBI hallaran armas de fuego y municiones en su residencia durante un allanamiento.
La denuncia establece que García Martín cumplió una condena previa por asesinato, lo cual le impide legalmente poseer armas o municiones bajo leyes federales. Aunque el procesamiento por posesión ilegal de armas es común, no es habitual que se solicite proteger la evidencia del descubrimiento de prueba en estos casos.
El arresto de García Martín generó atención pública porque la orden de detención mencionaba que la intervención surgió de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”. Sin embargo, una moción posterior de la Fiscalía Federal aclaró que “no hay investigación de cuello blanco (ni cualquier otra investigación) de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón”.
No obstante, el documento no descartó posibles indagaciones vinculadas a las propiedades mencionadas en la orden judicial.
La orden de protección busca garantizar el manejo controlado de la evidencia mientras continúa el proceso legal contra García Martín.
