Desde julio del próximo año, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se elaborará bajo un nuevo manual revisado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que incluirá un recorte del 5% en gastos operacionales para anticipar una posible reducción en los fondos de Medicaid y para facilitar la eventual reforma contributiva.
Así lo confirmó el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, quien explicó que el cambio busca atender riesgos fiscales a mediano plazo. “Hay unos riesgos presupuestarios, a futuro, que queremos empezar a atender. Sabemos que la asignación al Medicaid vence en el 2027”, dijo, al destacar gestiones del secretario de Salud, Víctor Ramos, y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) para asegurar la continuidad del programa federal.
El funcionario explicó que también se prepara una reforma contributiva que podría conllevar reducciones en tasas y, por ende, en ingresos. “Tenemos que ir atendiendo, desde ahora, cómo vamos a atender esos riesgos presupuestarios”, añadió.
El presupuesto vigente (2025-2026) asciende a $13,095 millones, de los cuales la reducción propuesta representa cerca de $650 millones. Actualmente, el gobierno federal aporta $3,000 millones a Medicaid, mientras Puerto Rico contribuye con $1,000 millones adicionales. OGP mantiene una reserva de $300 millones para el programa este año fiscal.
Rivera Berríos señaló que los fondos federales de Medicaid podrían disminuir a partir de 2027 si las asignaciones regresan a los niveles previos a la Ley federal de Asignaciones Consolidadas, que permitió que la isla recibiera más de $19,000 millones entre 2023 y 2027. Paralelamente, la gobernadora Jenniffer González trabaja en una reforma contributiva cuyo costo final aún se desconoce.
El nuevo manual, presentado por Rivera Berríos, responde a recomendaciones de la JSF y unifica en un solo documento las cartas circulares que antes regían la preparación presupuestaria. “Lo que se hizo fue unificar todas las cartas circulares y hacer un manual con guías específicas dirigidas a las justificaciones. Había una falta de uniformidad”, explicó el funcionario, quien calificó el proceso como “un momento histórico en el proceso presupuestario de Puerto Rico”.
De acuerdo con el informe anual de la JSF al Congreso, las agencias deben adoptar prácticas modernas de administración fiscal y cumplir con un calendario consolidado para la elaboración de presupuestos. Rivera Berríos indicó que ahora cada dependencia deberá presentar evidencia y planes detallados para justificar sus solicitudes, ya sean de nómina, mejoras capitales o reclutamiento.
El manual también fija prioridades que incluyen salud pública, seguridad, protección de personas y propiedades, educación y bienestar social. Además, obliga a eliminar gastos no recurrentes, hacer ajustes según fórmulas y cambios poblacionales, y asegurar que cada presupuesto esté alineado con el plan fiscal certificado por la JSF.
