El juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, denegó la petición de Daniel García Martín, presunto contratista vinculado a los suegros de la gobernadora Jenniffer González, quien exigía la devolución de $104,000 ocupados por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
La orden, emitida el viernes, acogió los argumentos de la Fiscalía federal, que se opuso al reclamo por razones procesales. Según la agencia, la ley concede un término de 60 días para notificar la intención de confiscar los bienes incautados, por lo que el FBI tiene hasta el 16 de diciembre para completar ese trámite.
García Martín, de 67 años, fue allanado el 17 de octubre, día en que agentes federales ocuparon también tres armas de fuego y municiones. Según el expediente, el acusado no puede poseer armas ni municiones, pues cumplió una condena previa por asesinato.
La Fiscalía informó que los $104,000 incautados permanecen bajo un proceso administrativo de confiscación y que cualquier reclamación deberá presentarse directamente ante el FBI, no ante el tribunal penal.
Durante una vista de detención, la abogada de García Martín, Jessica Earl, alegó que el dinero representa los “ahorros de toda su vida”. La fiscal federal Linet Olinghouse, por su parte, pidió que se le negara la fianza por considerarlo un riesgo para la comunidad y por peligro de fuga.
Earl rechazó esos planteamientos y argumentó que el caso se originó porque García Martín habría trabajado en la construcción de una vivienda de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Según la defensora, los agentes buscaban documentos relacionados con su labor como contratista y los cargos del allanamiento apuntan a supuestas violaciones a la Ley de Agua Limpia, no a delitos violentos.
El juez Arias Marxuach fijó una vista de estatus para el 17 de diciembre, donde se discutirá el descubrimiento de prueba. El proceso se mantiene pausado bajo la Ley de Juicio Rápido mientras la defensa evalúa una orden de protección propuesta por el gobierno federal.
García Martín continúa detenido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo. Su arresto generó atención luego de que el magistrado federal Marshal Morgan mencionara que el allanamiento respondía a una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”. Sin embargo, una moción posterior de la Fiscalía federal aclaró que no existe ninguna investigación sobre la gobernadora Jenniffer González Colón.
El caso mantiene bajo observación judicial el proceso de confiscación y las alegaciones de vínculos con la construcción en La Parguera, mientras se prepara el juicio contra García Martín.
