Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos deliberó en privado sobre la orden del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en el país de padres con estatus migratorio ilegal o temporal.
El alto foro podría anunciar en los próximos días si aceptará escuchar la apelación de Trump tras los fallos de tribunales inferiores que declararon inconstitucionales las restricciones. La medida no ha entrado en vigor en ningún estado y, de ser aceptada, el caso podría resolverse a mediados del próximo año.
La orden, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, forma parte de su política migratoria más amplia, que incluyó reforzar operativos en ciudades y aplicar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.
El gobierno enfrenta múltiples impugnaciones judiciales. El Tribunal Supremo ha emitido decisiones mixtas, deteniendo el uso de esa ley para deportaciones rápidas pero permitiendo operativos migratorios en Los Ángeles. También estudia un recurso federal que pretende desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago para tareas de inmigración.
La orden de Trump representa la primera política migratoria de su administración que llega al máximo tribunal para una decisión final. Si se implementara, alteraría más de 125 años de interpretación de la Décimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, salvo hijos de diplomáticos o de fuerzas extranjeras.
Los tribunales inferiores han coincidido en que la medida viola la Constitución. En julio, el Noveno Circuito en San Francisco aprobó una medida cautelar nacional para evitar confusión entre estados, mientras un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó la orden en una demanda colectiva.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentó que los fundamentos del gobierno son “muy endebles” y afirmó estar lista para defender la constitucionalidad del derecho a la ciudadanía. El procurador general D. John Sauer, en cambio, insistió en que las decisiones judiciales previas socavan la seguridad fronteriza y otorgan el privilegio de ciudadanía sin base legal a miles de personas.
La Constitución de Estados Unidos establece desde la Guerra Civil que toda persona nacida en el país es ciudadana estadounidense, un principio que el gobierno de Trump intenta reinterpretar alegando que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” del país.
