Washington – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que planea reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como “prestaciones públicas federales”, lo que impediría que algunos inmigrantes contribuyentes reciban estos beneficios, incluso si pagan impuestos y cumplen con los requisitos establecidos.
Según expertos fiscales, los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y los migrantes con estatus de protección temporal serían los más afectados. La medida también podría impactar a trabajadores extranjeros, estudiantes con visa y familias con hijos ciudadanos estadounidenses, dependiendo de cómo se redacte la normativa.
El anuncio se interpreta como parte del enfoque del presidente Donald Trump de extender su agenda migratoria a todos los departamentos del gobierno federal. El Tesoro indicó que las nuevas reglas afectarán las partes reembolsables de créditos asociados al trabajo, los hijos o el ahorro, y que la normativa estaría alineada con la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo de 1996. Esto significaría que muchos migrantes con permiso laboral perderían el acceso a dichos beneficios.
De acuerdo con el Instituto de Tributación y Política Económica, los migrantes indocumentados que pagan impuestos aportaron casi 100,000 millones de dólares en 2022, aunque no tienen acceso a la mayoría de los créditos fiscales o beneficios de seguridad social y salud.
Críticos de la medida la catalogaron como un nuevo intento de castigar a los migrantes. “Es una idea terrible e injusta negar beneficios fiscales a personas que pagan impuestos y son elegibles, solo por su estatus migratorio”, dijo Daniel Costa, director de Investigación de Leyes y Políticas de Inmigración en el Instituto de Política Económica. Agregó que la aplicación de la medida implicaría identificar el estatus migratorio de los contribuyentes, ampliando los mecanismos de control y deportación.
La regulación definitiva se aplicaría a partir del año fiscal 2026. “Estamos haciendo cumplir la ley y evitando que los extranjeros en situación irregular reclamen beneficios fiscales destinados a ciudadanos estadounidenses”, señaló Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Carl Davis, director de investigación del Instituto de Tributación y Política Económica, advirtió que quienes más sufrirán son los migrantes que tienen permiso de trabajo y pagan sus impuestos. “Aquellos que están tratando de hacer lo correcto son los más castigados”, afirmó.
Por su parte, Brandon DeBot, director de política del Centro de Derecho Tributario de NYU, consideró que la reinterpretación del Tesoro “anula disposiciones muy claras del código tributario” y recordó que negar créditos fiscales a familias migrantes requeriría acción expresa del Congreso.
Davis añadió que sería improbable que tal cambio contara con apoyo legislativo mayoritario: “En general, la población estadounidense simpatiza con los dreamers y beneficiarios de DACA. Atacarlos por vía fiscal no encontraría respaldo en el Congreso”.
