La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) mantiene bajo vigilancia a millones de conductores en todo el país mediante un programa secreto que utiliza inteligencia predictiva para identificar y detener a personas con patrones de viaje considerados sospechosos, según una extensa investigación de The Associated Press.
El sistema opera a través de una red de cámaras que escanean matrículas y alimentan un algoritmo que evalúa la procedencia, destino y rutas de los vehículos. En caso de detectar anomalías, los agentes federales alertan a policías locales que ejecutan detenciones con justificaciones como exceso de velocidad o infracciones menores. Una vez orillados, los conductores pueden ser interrogados y registrados sin saber que habían sido monitoreados previamente.
Creado hace una década para combatir el tráfico de drogas y personas, el programa se ha expandido más allá de la frontera sur. Hoy, sus cámaras llegan hasta ciudades como Phoenix o Detroit, muy dentro del territorio estadounidense. Documentos revisados por la AP confirman que las cámaras suelen camuflarse en infraestructura vial y que la agencia evita revelar su ubicación exacta incluso en procesos judiciales.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, afirmó que su uso de lectores de matrículas busca identificar amenazas y desarticular redes criminales, asegurando que se ajusta a las leyes y normas constitucionales. Sin embargo, expertos en privacidad y juristas advierten que esta vigilancia masiva plantea riesgos constitucionales. Según el profesor Andrew Ferguson, la tecnología que captura “a todos, en todas partes y en todo momento” puede violar la Cuarta Enmienda.
La investigación documenta casos como el de Lorenzo Gutiérrez Lugo, detenido en Texas tras ser identificado por el sistema, aunque no se halló ningún delito; y el de Alek Schott, a quien la policía retuvo más de una hora por un viaje breve cerca de la frontera. Ambos episodios ejemplifican las llamadas “whisper stops”, detenciones basadas en información encubierta de agentes federales.
Estas prácticas se sustentan en una creciente red de cooperación entre agencias federales, estatales y locales financiadas por programas como Operation Stonegarden, que ha distribuido cientos de millones de dólares para equipos de vigilancia. Bajo el gobierno de Donald Trump, este programa obtuvo $450 millones adicionales del Congreso.
La Patrulla Fronteriza ha accedido también a bases de datos privadas y sistemas administrados por la DEA. A través de estos, puede rastrear movimientos en todo el país, desarrollar “patrones de vida” y predecir trayectorias o comportamientos considerados anormales.
Aunque la CBP insiste en que el sistema se usa con fines legítimos de seguridad, exfuncionarios y abogados defensores lo describen como una nueva forma de espionaje doméstico. Nicole Ozer, del Centro para la Democracia Constitucional de la Universidad de California, advirtió que “estos sistemas no hacen que las comunidades sean más seguras”.
Casos judiciales como el de Schott siguen activos y podrían definir los límites constitucionales de este tipo de vigilancia. Mientras tanto, el programa continúa operando ampliando su alcance dentro del país. “Creo que miles de personas son tratadas así”, dijo Schott. “Por cada caso que se conoce, hay muchos más que pasan desapercibidos.”
