Daniel García Martín, de 67 años, presunto contratista vinculado a los suegros de la gobernadora Jenniffer González por trabajos en una residencia en La Parguera, solicitó que se le devuelvan $104,000 que le fueron incautados durante un allanamiento del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Lajas.
Según una moción presentada por la Fiscalía federal, las autoridades se oponen a la devolución del dinero por razones procesales, ya que la suma está bajo un proceso administrativo de confiscación. La presentación judicial detalla que el FBI tiene hasta el 16 de diciembre para notificar oficialmente su intención de confiscar los fondos.
García Martín permanece detenido sin derecho a fianza por cargos de posesión ilegal de tres armas de fuego y múltiples municiones, para las cuales no posee licencia debido a una condena previa por asesinato. Según el Ministerio Público, el acusado representa un riesgo para la comunidad y un potencial peligro de fuga.
En la vista de detención, la abogada de García, Jessica Earl, aseguró que el dinero ocupado corresponde a los “ahorros de toda su vida” y alegó que su cliente no representa peligro ni riesgo. Earl sostuvo que el FBI contactó a su cliente en varias ocasiones durante el último año por sus trabajos de construcción en la residencia de los suegros de la gobernadora en La Parguera. Indicó además que el allanamiento inicial buscaba evidencia sobre prácticas de construcción y documentos relacionados con la Ley de Agua Limpia.
El magistrado federal Marshal Morgan ordenó mantener al acusado en prisión preventiva y reveló que el caso se originó a partir de una “investigación no relacionada de cuello blanco que involucra a la gobernadora de Puerto Rico y una propiedad de su familia”. Sin embargo, una moción posterior de la Fiscalía aclaró que “no hay investigación de cuello blanco (ni ninguna otra) contra la gobernadora Jenniffer González Colón”.
El agente del FBI que firmó la denuncia se describió como investigador de corrupción pública y delitos financieros. Aun así, la Fiscalía pidió una orden de protección sobre la evidencia del caso, argumentando que parte del material contiene “información confidencial y protegida”.
Por otro lado, el abogado de los suegros de la gobernadora, Miguel Torres, explicó que sus clientes —José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera— no tienen conocimiento de ninguna pesquisa federal relacionada con su propiedad en La Parguera. Añadió que en ocasiones previas han sido visitados por individuos que se identificaron como agentes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), pero que se negaron a mostrar credenciales oficiales.
Hasta el momento, las partes solicitaron una extensión de 30 días para continuar con el proceso de descubrimiento de prueba antes de iniciar posibles negociaciones de alegación de culpabilidad.
