Las dos cámaras legislativas aprobaron la versión final del Proyecto del Senado 63, una medida que introduciría requisitos adicionales para obtener información pública. El proyecto pasará ahora a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.
La presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Arrigoitía, lamentó la aprobación y declaró que el resultado del comité de conferencia produjo “una legislación todavía peor a la presentada originalmente”. Añadió un llamado directo a la gobernadora para que no firme una ley que “afecta grandemente el derecho al acceso a la información”.
La votación final en la Cámara de Representantes fue de 28 a 20. Se opusieron los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), cuatro del Partido Nuevo Progresista (PNP), la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, y los tres miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor de la medida, agradeció a los cuerpos legislativos por su aprobación.
En el Senado, el proyecto obtuvo 19 votos a favor, todos del PNP, y siete en contra. La medida enmienda la Ley 141-2019 para imponer requisitos más estrictos en las solicitudes de información gubernamental. Entre los cambios destaca que los plazos para entregar documentos se ampliarán: 20 días laborales para expedientes menores de 300 páginas o con menos de tres años de antigüedad, y 30 días para los demás casos. Además, las agencias podrán pedir una extensión de 20 días adicionales.
Periodistas y organizaciones expresaron su rechazo. Nydia Bauzá, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), opinó que la pieza “será un escollo, si no un impedimento, para que periodistas y ciudadanos ejerzan su derecho constitucional de acceso a la información pública”.
El texto también excluye los expedientes de personal de la definición de “información pública” y obliga a incluir dirección postal y correo electrónico en cada petición, lo que podría exponer a los solicitantes a represalias, según organizaciones de prensa.
Aunque se mantienen sanciones para las agencias que incumplan —de $100 por día hasta un máximo de $18,000—, se elimina el derecho a solicitar formatos específicos de información.
Carlos F. Ramos Hernández, del Centro de Periodismo Investigativo, advirtió que la versión final “empeora aun más la pieza legislativa”, ya que podría permitir a las agencias tomarse hasta 50 días laborables para entregar documentos extensos.
El proyecto aguarda ahora por la firma o el veto de la gobernadora.
