El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo obliga a entregar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico una solicitud administrativa o subpoena del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) relacionada con datos de inmigrantes con licencias provisionales.
Representado por el Departamento de Justicia, el DTOP reiteró su oposición a divulgar los documentos vinculados a la filtración de información de más de 6,000 inmigrantes con permisos de conducir bajo la Ley 97 de 2013, que establece normas de confidencialidad sobre conductores sin estatus migratorio definido.
El juez superior Anthony Cuevas Ramos había ordenado el 7 de noviembre que se revelaran los documentos, protegiendo la identidad de las personas afectadas. No obstante, el pasado viernes, el DTOP solicitó una reconsideración de la orden judicial, que fue denegada este lunes, lo que llevó a la agencia a presentar su apelación.
“El auto de mandamus expedido afecta adversamente el interés público y constituye una indebida intromisión en las funciones del Poder Ejecutivo federal y estatal”, argumentó el procurador general Omar Andino Figueroa, representante del DTOP, al sostener que la determinación fue contraria a derecho y un “craso abuso de discreción”.
Andino Figueroa citó la Ley Federal de Libertad de Información (FOIA) al indicar que prohíbe divulgar información recopilada con fines de aplicación de leyes federales, si esto pudiera interferir con los procedimientos de las agencias. Añadió que la solicitud de ICE incluía una advertencia que prohibía al gobierno de Puerto Rico divulgar su existencia y que el incumplimiento podría acarrear sanciones por desacato ante el tribunal federal.
En junio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a ICE, confirmó que había solicitado datos de inmigrantes con licencias desde enero. “Confirmamos que HSI notificó la solicitud a la oficina legal de ICE. Seguimos comprometidos con enforzar las leyes de inmigración en Puerto Rico”, señaló Yariel Ramos, director interino de ICE-HSI San Juan, en declaraciones a El Nuevo Día.
El DTOP también planteó que la ACLU no incluyó como parte del caso al Departamento de Seguridad Nacional, agencia responsable de ICE y con interés en mantener la confidencialidad de los datos.
“El recurso plantea si es válido obligar a una agencia estatal, mediante un mandamus, a divulgar información vinculada con una investigación federal en la que el gobierno estatal no es parte”, citó el procurador.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, declinó comentar sobre el pleito o sobre otros casos de alto interés público, señalando que “por el bien del pueblo de Puerto Rico y para salvaguardar sus mejores intereses, debemos guardar estricta confidencialidad sobre estos asuntos”.
