La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentó cerca de una veintena de testigos en el caso contra Dorally Rivera Martínez, exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, y el contratista y exempleado legislativo José Miguel “Joe” Huertas Torres. Ambos enfrentan acusaciones por la presunta malversación de millones de dólares destinados a la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
No obstante, la vista preliminar fue pospuesta por la jueza Ethel Ruiz Fernández, del Tribunal de Bayamón, tras confirmarse que Huertas Torres no contaba con abogado. La fiscal especial Zulma Fúster Troche indicó que el imputado y su corporación 3T Industrial & General Contractor acudieron sin representación legal, pese a haber tenido abogado en la etapa anterior del proceso.
Según la acusación, el 4 de noviembre la jueza Irmarie Cintrón Alvarado determinó causa para arresto contra ambos por malversar hasta $7 millones en fondos públicos. Entre esos fondos se incluyen $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales, conocido como el “barrilito”, asignados por el entonces representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto.
Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron, de acuerdo con una investigación de 2022. La Opfei alega que Huertas Torres desvió los fondos mediante transferencias a su empresa y al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, entidad que no estaba autorizada legalmente para realizar obras de construcción.
Los abogados de Rivera Martínez solicitaron que los casos se vean por separado y una vista de estatus fue pautada para el 15 de diciembre, mientras la preliminar quedó fijada para el 27 de enero a las 10:00 a.m. La jueza advirtió a Huertas Torres que deberá comparecer con abogado.
El expediente de testigos incluye al exsecretario de Agricultura Ramón González Beiró, al exrepresentante Antonio Soto —quien no asistió por encontrarse de viaje— y a la representante popular Sol Higgins Cuadrado, ausente por compromisos legislativos. En total, la Opfei cuenta con 24 testigos contra Huertas Torres y ocho contra Rivera Martínez.
La fiscal Fúster Troche defendió que ambos casos se atiendan juntos, argumentando que las presuntas omisiones de supervisión de Rivera Martínez permitieron las actuaciones de Huertas Torres. Por su parte, la defensa de Rivera Martínez sometió una moción de desestimación alegando que el Panel del FEI excedió el plazo de ley para presentar las denuncias, al tardar más de 1,100 días en completar su investigación.
La abogada Cándida Sellés Ríos sostuvo que su clienta fue privada de su debido proceso y reiteró que no tiene relación alguna con las conductas imputadas a Huertas. También expresó sorpresa por la radicación del caso en el Tribunal de Bayamón, cuando —dijo— los relacionados con fondos públicos suelen atenderse en San Juan.
“Estamos preparados para comenzar en cualquier momento. Entendemos que debe desestimarse el caso porque se violaron los derechos de mi representada”, afirmó Sellés Ríos.
