La Fiscalía federal anunció que buscará la pena de muerte contra Edwin Yadiel Flores Tavárez por el asesinato de las adolescentes Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, ocurrido en la madrugada del 25 de julio de 2023 en una playa de Piñones, Loíza.
Según una moción presentada ante la jueza Camille Vélez Rivé, el Ministerio Público notificó al Tribunal Federal en San Juan y a la defensa del acusado que “las circunstancias de la ofensa alegadas en el cargo uno del pliego acusatorio enmendado son tales que, en el evento de una convicción, una sentencia de muerte está justificada”. El documento fue firmado por el jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, y el fiscal Julian N. Radzinschi.
Los cuerpos baleados de las jóvenes fueron hallados dentro de una guagua Toyota Tacoma color anaranjada, modelo 2018, a orillas de la carretera PR-187. En marzo de 2024, un gran jurado federal acusó a Flores Tavárez y a José Martínez Serrano por secuestro que resultó en muerte y por posesión y uso de un arma de fuego vinculada a un crimen violento.
En enero de este año, el Ministerio Público informó que no buscaría la pena de muerte contra Martínez Serrano. Sin embargo, la moción presentada el viernes pasado confirma que sí se perseguirá la sentencia capital para Flores Tavárez, a quien se le alega haber “asesinado intencionalmente” a las menores y haberles causado “lesiones corporales serias que resultaron en sus muertes”.
Entre los factores agravantes, la Fiscalía sostiene que los asesinatos fueron resultado de un secuestro, que las víctimas eran especialmente vulnerables por su juventud y que el acusado mató intencionalmente a más de una persona en un mismo episodio. Además, se alega que actuó con el propósito de evitar que las adolescentes ofrecieran información a las autoridades sobre un posible caso de tráfico de drogas y que planificó sustancialmente los asesinatos.
La decisión de solicitar la pena de muerte fue adoptada tras recomendaciones locales, la evaluación de un comité del Departamento de Justicia en Washington D.C. y la determinación final del secretario Merrick Garland.
En el sistema federal, la Fiscalía puede pedir la sentencia capital tras una convicción. En ese proceso, el jurado decide si procede la pena de muerte o una condena de cadena perpetua, luego de considerar los argumentos de la defensa sobre posibles factores atenuantes.
La pena de muerte fue abolida en Puerto Rico en 1929 y esa prohibición fue reafirmada al aprobarse la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. No obstante, bajo la Ley Federal sobre la Pena de Muerte de 1994, acusados en Puerto Rico pueden enfrentar ese castigo en procesos federales. Hasta el momento, ningún jurado federal en la isla ha dictado una sentencia de muerte, limitándose a imponer cadenas perpetuas.
