El Senado de Puerto Rico ha tomado una decisión controvertida al rechazar un pedido de información relacionado con un contrato de $38 millones promovido por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Este contrato, que habría sido presentado por una empresa de Luisiana en mayo de 2025, ha suscitado críticas y cuestionamientos acerca de su viabilidad y el proceso de adjudicación.
La solicitud de información fue planteada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), el senador Luis Javier Hernández. Hernández argumentó que "ante el posible impacto económico y social de estas actuaciones, resulta necesario que el Senado de Puerto Rico cuente con información completa y precisa que permita ejercer adecuadamente su función constitucional de fiscalización". Sin embargo, la mayoría del Senado, compuesto por miembros del Partido Nuevo Progresista, decidió no apoyar esta petición.
La controversia no solo gira en torno al contrato, sino también a la situación de los comerciantes ambulantes en Puerto Rico. En lo que va de 2026, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha emitido cartas de desalojo a 20 vendedores ambulantes, lo que ha generado preocupación en las comunidades afectadas. Según el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, las intervenciones en las carreteras PR-129 y PR-100 son parte de un proceso regular que busca proteger la seguridad vial y mantener la infraestructura en condiciones adecuadas.
Además, el rechazo del Senado a la solicitud de información ha llevado a acusaciones de corrupción dentro del gobierno. El senador Luis Javier Hernández criticó la falta de transparencia en el manejo del contrato y afirmó que "el Senado del Partido Nuevo Progresista esconde la corrupción en el Departamento de la Familia". Estas declaraciones reflejan un creciente descontento entre algunos sectores sobre la gestión de Roig Fuertes y el impacto de sus decisiones en la comunidad.
La gobernadora Jenniffer González ha defendido a Roig Fuertes, afirmando que no discutió el contrato durante el proceso de entrevista previo a su designación. Sin embargo, la situación ha llevado a que el PPD refiera a Roig Fuertes a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia por supuestas irregularidades en su proceso de confirmación.
Con el contexto político cada vez más tenso, los próximos meses podrían ser cruciales para determinar la continuidad de la secretaria en su puesto y el futuro del controvertido contrato de $38 millones. La falta de claridad y los incidentes de desalojo de vendedores ambulantes continúan siendo temas candentes en la agenda pública, lo que resalta la necesidad de un debate más profundo sobre la transparencia y la ética en la gestión gubernamental en Puerto Rico.
Fuentes: sentiende.com, instagram.com, facebook.com
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