La aprobación del Proyecto del Senado (PS) 504 en la Cámara de Representantes, sin vistas públicas y en el último día de la sesión ordinaria, provocó un llamado urgente a que la gobernadora Jenniffer González vete la medida, considerada por grupos feministas y legales como un “disparate jurídico” que atentaría contra la autonomía de las mujeres puertorriqueñas.
El PS 504, impulsado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría el Código Civil para establecer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”. La votación se llevó a cabo el jueves en la noche, con 40 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Alondra del Mar Hernández, abogada e integrante del colectivo Aborto Libre Puerto Rico, instó a la gobernadora a rechazar el proyecto. “La gobernadora de Puerto Rico tiene que ser una mujer solidaria, pero más que solidaria, inteligente. Ella no puede permitir que, bajo su administración, se cometa el atropello más grande e histórico contra las personas que quieren llevar a término embarazos”, expresó, advirtiendo que la medida colocaría los derechos del feto por encima de los de la madre.
La representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), calificó la medida como “peligrosa” y “un paso más hacia la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”. Añadió que constituye “un retroceso en materia de derechos humanos” y podría abrir la puerta a la criminalización de decisiones médicas necesarias para salvaguardar la salud y la vida de la mujer gestante.
Hernández advirtió, además, que la propuesta “suspende la autonomía y la ciudadanía” de las mujeres. “Otorgarle capacidad jurídica a un nasciturus es tan absurdo que en Puerto Rico la capacidad jurídica plena se adquiere a los 21 años; eso significaría que un nasciturus tendría más derechos que una persona de 18 años”, argumentó.
Diversos profesionales de la salud y organizaciones civiles también han expresado su rechazo a la medida. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico alertó que el proyecto podría generar “consecuencias jurídicas impredecibles” y limitar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la terminación de embarazos, tratamientos de fertilidad y procedimientos de concepción in vitro.
“Todo se va a ver trastocado. ¿Qué pasará con las clínicas de fertilización in vitro o con una mujer embarazada encarcelada? ¿Dónde estaría el debido proceso del feto? Aprobar un disparate jurídico como el PS 504 implica alterar por completo el ordenamiento jurídico de Puerto Rico”, denunció Hernández.
Al cierre de esta edición, la gobernadora Jenniffer González no había emitido una reacción sobre la medida.
