La Cámara de Representantes aprobó la noche del jueves, mediante descargue, el Proyecto del Senado 63 que establece nuevos requisitos para acceder a información pública, pese a que su presidente, Carlos “Johnny” Méndez, había señalado que “no había prisa” para atender la medida. La acción ocurrió cerca de las 7:30 p.m., en las últimas horas del cierre del término legislativo, y se eliminaron varias páginas del texto en el proceso.
El proyecto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, obtuvo una votación de 29 a 24. Siete representantes del Partido Nuevo Progresista (Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Odalys González, Carmen Medina Calderón, Jerry Nieves Rosario, José “Che” Pérez Cordero y Fernando Sanabria Colón), junto con la delegación del Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, votaron en contra.
El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, denunció el procedimiento. “Es lamentable para el país que, en la última sesión, se apruebe un proyecto tan importante sin discusión. Esto tomó por sorpresa a todos”, dijo. Añadió que la medida refleja un patrón del gobierno de Jenniffer González de ocultar información: “El que no quiere entregar información es porque algo esconde”.
Ramón Torres Cruz, también del PPD, calificó la jornada como “un día triste para el acceso a la información, la libertad de prensa y la democracia”. Recordó que mantiene una demanda contra la Policía de Puerto Rico para que entregue un documento sobre la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que el superintendente Joseph González se ha negado a divulgar.
Desde el PIP, Denis Márquez advirtió que su delegación votó en contra “ante la ausencia de debate”. Su compañera Adriana Gutiérrez Colón cuestionó que el trámite se hiciera por descargue pese a las expresiones de Méndez de que sería atendido “de manera sosegada”. “Es una traición al país y al derecho de acceso a la información pública”, expresó.
La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Annette Martínez Orabona, describió la aprobación como “una afrenta al pueblo y a su derecho fundamental de acceso a la información”. Sostuvo que la vista pública previa fue “una mera formalidad” para dar paso a una decisión apresurada contraria a los principios de transparencia.
El PS 63 enmienda la Ley 141-2019, que regula el acceso a información pública, para extender el plazo de entrega de datos de 10 a 20 días laborables, con la posibilidad de una prórroga de otros 20 días. En la práctica, esto podría alargar el proceso hasta dos meses. Además, obliga a notificar cada solicitud al jefe de agencia y requiere incluir dirección postal y correo electrónico, medidas que, según críticos, podrían desalentar a peticionarios sin acceso digital o exponerlos a represalias o “carpeteo”.
Ambos cuerpos legislativos tienen hasta el 18 de noviembre para conciliar sus versiones antes de que la medida pase a Fortaleza.
