La Cámara de Representantes aprobó esta noche, mediante descargue, el Proyecto del Senado 63, que impone requisitos adicionales para acceder a información pública, pese a que el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, había declarado que no había prisa en atenderlo.
La medida se aprobó cerca de las 7:30 p.m., justo antes de cerrar el periodo legislativo, con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellos Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Christina Muriel Sánchez, se opusieron. También votaron en contra la delegación completa del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
El proyecto, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pasará ahora a un comité de conferencia que deberá resolver las diferencias antes del 18 de noviembre. Varias voces legislativas y comunitarias denunciaron el procedimiento sorpresivo y la falta de debate. “Es lamentable para el país que, en la última sesión, se apruebe esta medida sin discusión. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo”, expresó el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, quien además criticó la forma en que se manejó el trámite.
Ramón Torres Cruz, también del PPD, calificó la aprobación como “un día triste para el acceso a la información, la libertad de prensa y la democracia”. Recordó además que mantiene una demanda contra la Policía de Puerto Rico para obtener un documento legal sobre la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que la agencia se ha negado a entregar.
Desde el PIP, Denis Márquez denunció la ausencia de un verdadero debate y Adriana Gutiérrez Colón acusó al presidente de la Cámara de faltar a su palabra al aprobar una medida que, según dijo, “traiciona al país y al derecho al acceso a la información”.
La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Annette Martínez Orabona, calificó la acción como “una afrenta al pueblo y a su derecho fundamental de acceso a la información pública”, al señalar que la medida solo beneficia a quienes “buscan ocultar algo”.
El Proyecto del Senado 63 modifica la Ley 141-2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, extendiendo de 10 a 20 días el plazo de entrega de información, más una prórroga adicional de 20 días. Además, requiere incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes y notificar a los jefes de agencia, disposiciones que, según críticos, pueden desalentar a los ciudadanos y facilitar prácticas de vigilancia o “carpeteo”.
