La Cámara de Representantes aprobó en la noche del jueves, mediante descargue, el Proyecto del Senado 63, que impone nuevos requisitos para acceder a información pública. La votación se dio a pesar de las expresiones previas del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, quien había asegurado que no existía prisa para atender la medida.
La sesión se celebró poco antes de culminar el periodo legislativo, alrededor de las 7:30 p.m., y contó con la eliminación de varias páginas del texto final. La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, deberá ahora pasar a un comité de conferencia para atender las diferencias entre ambos cuerpos antes del 18 de noviembre.
El resultado de la votación fue 29 a favor y 24 en contra. Según el representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD), siete legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, se unieron al PPD y al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el voto negativo. Los del PNP que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Christina Muriel Sánchez.
El portavoz del PIP, Denis Márquez, anticipó un voto explicativo en contra ante la falta de debate. Por su parte, el representante Héctor Ferrer Santiago criticó la aprobación sorpresiva del proyecto y calificó el proceso como un atropello al país. “Es lamentable que, a última hora, se apruebe una medida de esta naturaleza sin discusión. Esto tomó por sorpresa a todos”, dijo.
Torres Cruz consideró la aprobación “un día triste para la libertad de prensa y la democracia”. Sostuvo que el gobierno de Jenniffer González muestra un patrón de opacidad y recordó que mantiene una demanda contra la Policía de Puerto Rico por negarse a entregar un documento solicitado sobre la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
Las legisladoras del PIP, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, denunciaron la acción como una “traición al país”, al señalar que se incumplieron las promesas de analizar el texto con calma. Márquez añadió que las ponencias ante la Comisión de lo Jurídico demostraron ampliamente los problemas del proyecto y cuestionó que entidades como Justicia y la Oficina del Inspector General lo avalaran.
La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Annette Martínez Orabona, calificó la aprobación como “una afrenta al pueblo y a su derecho fundamental de acceso a la información pública”. Según declaró, la medida responde a un trámite expedito sin justificación y contradice los principios de una democracia participativa.
El Proyecto del Senado 63 enmienda la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Propone extender de 10 a 20 días laborables el plazo para entregar información y permitir una prórroga adicional de 20 días, lo que en la práctica podría demorar hasta dos meses. También requiere incluir datos personales como dirección postal y correo electrónico en las solicitudes y notificar directamente a los jefes de agencia, disposiciones que críticos señalan podrían facilitar actos de persecución o “carpeteo”.
